La operación comenzó en noviembre de 2013, cuando una mujer denunció en una comisaría de Murcia haber solicitado un préstamo hipotecario a través de un anuncio publicado en un periódico de la región. Según dijo, tuvo que ingresar distintos importes a través de giros postales y pasarelas informáticas de transferencias de fondos en concepto de gastos notariales, tasas y legalización de papeles, pero no recibió ningún dinero. Las víctimas, muy numerosas, debían contactar con los supuestos prestamistas siempre por vía telefónica, por fax o email
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