La situación se está tratando de abordar desde varios frentes: la clase política estudia la fórmula para endurecer las sanciones para este tipo de delitos, consideradas muy laxas por parte de la sociedad. Mientras que, desde las empresas, que aseguran que están sufriendo pérdidas millonarias con estos actos vandálicos. Algunos optan por mayor inversión en seguridad; cambios logísticos que eviten acumular tanto stock en las tiendas o incluso tomarse la justicia por su mano.
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