España se librará finalmente de la multa de hasta 80 millones que estudiaba la Justicia Europea por el retraso en aprobar la nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 16 de junio, después de que Bruselas haya comunicado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que la transposición de las normas europeas es correcta y haya retirado su denuncia.
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