La directiva en cuestión persigue prevenir o reducir el impacto negativo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la salud humana y el medio ambiente, así como reducir los efectos globales del uso de los recursos y mejorar la eficiencia de este uso. Además de a España, la Comisión ha enviado dictámenes motivados sobre esta cuestión a Polonia, Letonia y Rumanía.
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