El juez Manuel García-Castellón tuvo que parar los pies a un grupo de abogados por sus ataques a las fiscales durante los interrogatorios que se llevaron a cabo en la Audiencia Nacional. Los letrados acusaron a las representantes del Ministerio Público de preguntar de forma desordenada y basar sus cuestionarios en indicios, críticas que desembocaron en un rifirrafe entre ambas partes que acabó con el magistrado advirtiendo a las defensas sobre las sanciones que podía conllevar su comportamiento.
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