Este análisis ha llevado a una respuesta posterior muy dura por parte de CCOO, que estima que con los datos de 2015, el coste habría sido de 8.409 millones, muy por debajo de los números que maneja Hacienda. El informe de CCOO sostiene que parte de las prestaciones se recuperarían con ingresos extra por parte del IVA, al incentivar el consumo. “Esta medida supondría proteger hasta 1,9 millones de desempleados que actualmente no tienen ninguna prestación y están en situación de necesidad personal y en su unidad familiar”
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