El escándalo sanitario se produjo en el año 1981, cuando el Gobierno no quiso valorar la versión alternativa que defendían varios médicos, basada en intoxicación por tomates y pimientos tratados con estos dos insecticidas de Bayer. Lo más grave del caso es que estos dos venenos se sigan vendiendo impunemente para tratamientos de alimentos y el gobierno haya tenido que hacer frente a casi 2.400 millones de Euros para indemnizar a los afectados, por falta de solvencia de los industriales de la colza falsamente acusados de las muertes.
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