La iniciativa surge tras comprobar que uno de los cursos contratados en el mes de abril por valor de 23.500 euros fue tramitado de forma «dudosa» y que el coordinador-tutor habría sido, presuntamente, investigado por Interpol por sus vínculos con la extrema derecha. «el Ayuntamiento no va a pagar ninguna factura sobre la que existan dudas o cuya tramitación no haya seguido los cauces normativos estipulados».
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