El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deducirá o retendrá de la financiación autonómica a las comunidades con lengua cooficial la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que quieran optar el curso que viene 2014-2015 a una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular, si no se garantizan plazas públicas suficientes.
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