Durante un registro voluntario de su vehículo privado, sus superiores encontraron acumulados alrededor de 3.600 envíos que no fueron debidamente repartidos. Entre ellos, 25 eran urgentes y 36 estaban vinculados a procesos electorales. Ningún perjudicado reclamó. Multa de 1.080 euros, además de inhabilitarlo durante tres años y medio para el desempeño de empleo o cargo público. Como atenuantes su «grave adicción a bebidas alcohólicas» y también las dilaciones indebidas en la resolución del proceso judicial.
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