La norma prevé la ampliación de los delitos causantes de inhabilitación de por vida para suscribir contratos con la administración pública y ocupar cargos públicos, además del empleo de agentes policiales encubiertos en casos de corrupción. Refuerza además las penas de cárcel para algunos delitos, prohíbe la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad y detiene el curso de la prescripción de las transgresiones a la ley a partir de las condenas en primer grado, medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2020...
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