En 2004, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la gestión directa del servicio de reforma, mantenimiento y gestión de la M-30. A los pocos mese, bajo el Gobierno del PP se modificó, pasando a un régimen de gestión indirecta que supuso la cesión del 20% del capital a manos privada. Este modelo de gestión conlleva en la actualidad al desembolso de más de 128 millones de euros anuales, de los que el contrato de mantenimiento recibe solo 48 millones de euros. La diferencia corresponde a impuestos y dividendos, que también paga el Ayuntamiento.
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