La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delitos en los hechos que denunció a finales de 2019 la Agencia Valenciana Antifraude, que señaló a los responsables del Ayuntamiento de Benidorm y de la Dirección General de Costas en los últimos diez años por su actuación -más bien, su falta de actuación- en relación con el restaurante de la Isla de Benidorm, que viene funcionando sin licencia desde hace cinco décadas. La responsabilidad penal, si la hubiera, se limitaría a diez años, que es el plazo de prescripción del delito de prevaricación.
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