Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank. Además de a Olivas y Parra, el ministerio público acusa a otras doce personas, entre ellos el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que solicita un año y medio de prisión como cooperador necesario en la falsedad de las cuentas de 2010.
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