Casi siete años después de la agresión policial a varios fotoperiodistas en la protesta Jaque al rey de 2014, el único condenado ha sido el Ministerio del Interior, que tuvo que pagar 1.771,45 euros. La Justicia ha sobreseído la última denuncia contra uno de los agentes por "falso testimonio" y "denuncia falsa".
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