La relación entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Gobierno de Francisco Camps fue muy estrecha y propició varios contratos a dedo de colaboración, sobre todo a través del Instituto de Derecho Público de Enrique Álvarez Conde. Una de las tres imputadas que compartieron presuntamente máster con el flamante presidente del PP Pablo Casado, Álida C. Mas Taberner, propició uno de estos numerosos convenios entre la institución pública madrileña y la administración autonómica valenciana, que tiene bajo su paraguas hasta cinco universidades
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