La Operación Chamartín exige una moratoria inmediata antes de su aprobación y una auditoría legal,económica y urbanística. En estos momentos,tras hacerse pública la serie de contratos “secretos”, la pregunta obligada es: ¿conocían los actuales responsables políticos implicados en esta Operación el tortuoso proceso y el contenido de los sucesivos contratos entre ADIF&RENFE y DCN, con el visto bueno de los gobiernos estatal, regional y municipal? ¿Los conocía nuestra Alcaldesa o, al menos, el concejal responsable del del área de urbanismo..
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