En enero de 2018, el Gobierno de Ankara ordenó tomar Afrin: consideraba que suponía una amenaza para su seguridad al hallarse en manos de las YPG, que mantienen estrechos lazos con el grupo armado kurdo PKK, que actúa dentro de Turquía. Tras una campaña militar de dos meses, en la que murieron unos 2.000 combatientes —entre ellos un voluntario español— y en torno a medio millar de civiles, el Ejército turco y las milicias sirias afines conquistaron el cantón, de igual modo que, dos años antes, habían recuperado del Estado Islámico un triángulo
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