El consistorio que dirige Ada Colau cree que el Real Decreto de autoconsumo “supone una barrera al desarrollo de la política energética municipal” ya que “perjudica y frena la acción tanto del consistorio como de la ciudadanía a la ejecución de nuevas instalaciones y supone un hándicap tanto técnico como económico a las instalaciones de autoconsumo ya existentes que deben adaptarse a la actual normativa”.
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