Una mujer que trabajó de forma temporal para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se arriesga a ser condenada a cuatro años de prisión por haber accedido a la información médica del embarazo de la novia de su expareja, una conducta que, según la Fiscalía Provincial de Granada, constituye un presunto «delito de revelación de secretos cometido por funcionario público».
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