La Oficina de Conflictos e Intereses (OCI) es la encargada de autorizar, durante un periodo de dos años, si un ex alto cargo puede trabajar en la actividad privada tras su cese en la administración pública. En cambio, solo ha emitido 15 denegaciones desde 2008. Se trata del 3,6% de solicitudes totales en 14 años.
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