Más de 220 organizaciones y miembros de la sociedad civil solicitan al Gobierno de España que abandone el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de inversiones para el sector energético firmado en 1994 por el Estado español. El Tratado, que permite a los inversores denunciar a los Estados si consideran que sus leyes han disminuido sus beneficios económicos presentes o futuros, podría incluso truncar medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19, como las relacionadas con la pobreza energética, o la futura ley de Cambio Climáti
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