El colectivo presenta en la Audiencia Nacional documentación que revela que el banco central autorizó la recompra de preferentes a los grandes inversores. Esa amortización anticipada de preferentes por Bankia le costó casi 900 millones de euros en liquidez. La acusación solicita al juez que pida ahora los correos electrónicos de altos directivos de Caja Madrid
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