La ofensiva de Musk, a la que se ha sumado en cierto modo Mark Zuckerberg, reabre el debate sobre la adecuación de las normas y políticas de la UE para afrontar la realidad de que procesos clave del debate público y del proceso político se desarrollan ahora en espacios digitales de naturaleza privada administrados por empresas con sede en el extranjero. Las posiciones optimistas señalan que el DSA ya permite sancionar a empresas que ignoren los riesgos sistémicos o no eliminen los contenidos ilegales en sus plataformas...
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