El Tribunal Supremo ha anulado el desahucio de una mujer que vivía de alquiler en Madrid, que devolvió una factura de agua 20 veces superior a la cuantía que pagaba habitualmente al mes. La Sala de lo Civil del alto tribunal ha frenado el desalojo al considerar que hay pruebas suficientes que acreditan que, aunque se negó a abonar a su arrendadora el recibo en cuestión, la inquilina tenían intención de pagar, una vez se acreditara el consumo real, pero la propietaria no le facilitó un número de cuenta para ingresar el dinero.
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Por supuesto que el delincuente no tiene ningún reproche penal por ese robo. Como mucho devolver la cantidad en exceso, sin intereses.
Por lo que queda claro qué derechos defienden algunos jueces. Los de los ciudadanos, no.