El juez instructor autorizó la medida, solicitada por la policía, ante las precauciones que adoptaba el constructor en sus comunicaciones. El empresario de Castilla y León señalado por los investigadores como el cabecilla de la red corrupta, planeaba cerrar un concurso público de un millón de euros. La Fiscalía apoyó la petición de la UDEF y el juez acabó autorizándola. Un solo agente adscrito a la unidad especializada de intervenciones técnicas fue el encargado de acceder a las instalaciones de Utebo.
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