La Audiencia de Madrid no llegó a la misma conclusión y entendió que la factura y el proceso público de contratación se habían puesto en marcha de manera irregular para evitar controles. Hacer una licitación pública como la que requerían esos presupuestos superiores a 50.000 euros habría requerido, dijeron los jueces, “un tiempo superior a aquel que le habían indicado sus superiores” y optó por pactar con una empresa, Bárcenas Rehabilitación, que se quedaría las obras del edificio de Espronceda “si presentaba dos facturas diferentes”.
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