El grupo de defensa de la privacidad Noyb presentó el jueves denuncias contra Fitbit, propiedad de Google, en Austria, Países Bajos e Italia, acusando a la empresa de seguimiento del estado físico de violar el régimen de privacidad del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Fitbit obliga a sus usuarios a consentir la transferencia de datos fuera de la UE y no ofrece la posibilidad de retirar su consentimiento, lo que viola los requisitos del GDPR, según Noyb. Fitbit vende relojes que realizan un seguimiento de la…

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública, apunta que el hecho de que los denunciantes de casos de corrupción sufran “represalias” es una “realidad existente”.

"Sobre la denuncia que el novio de Ayuso ha puesto contra mí y Más Madrid, voy a ser muy clara: ni me van a intimidar, ni van a conseguir que deje de luchar contra la corrupción del PP que viene de lejos (Gurtel, Púnica, Lezo) y que se mantiene a día de hoy (caso FP, Ana Millán). Esta es la estrategia de la tinta del calamar, que solo pretende enfangar y distraer la atención. Todas las preguntas que hice sobre quién paga el piso en el que vive la presidenta de la comunidad de Madrid, y a cambio de qué, siguen sin responderse..."

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado al espectador que profirió insultos racistas al futbolista del Athletic Club de Bilbao Nico Williams durante el partido de fútbol disputado entre el conjunto vasco y el Atlético de Madrid el 27 de abril en el estadio Civitas Metropolitano.

El PSOE-A ha denunciado que existen once informes “demoledores” que detectan irregularidades en los contratos de emergencia realizados por el SAS entre 2020 y 2021.

Impartir religión en la educación pública es incompatible con RGPD. Impartir la asignatura de religión en centros públicos obliga a declarar sobre religión, cosa que no permite art 16.2 CE "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.". Incluso sin entrar en RGPD, hay una aparente colisión entre artículo 16.2 de la Constitución Española: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias" Para mi la clave es que artículo 27.3 no indica que esa formación religiosa se deba realizar..

La suboficial María Serrano pide el amparo de la ley que protege a los denunciantes y asegura que ha sido "brutalmente represaliada" Denunció hace ya casi 15 años las prácticas de un cabo del Seprona, que presuntamente asesoraba a empresas ilegales de gestión de residuos y hacía recursos para quitar multas en Mercasevilla.

Seis grandes grupos editoriales y el gremio de autores de Estados Unidos presentaron una demanda contra la ley estatal HB 1069 de Florida, firmada en 2023. Esta ley, que permite a los padres impugnar libros en las bibliotecas escolares si los consideran pornográficos o relacionados con la identidad de género, ha sido calificada como inconstitucional y una amenaza a la libertad de expresión. La acción legal busca frenar las restricciones impuestas en las escuelas públicas, argumentando que atentan contra derechos fundamentales.

«Solo hay una persona detrás y no está vinculada ni al PSOE ni a ningún partido político», ha dicho la delegada del Gobierno, que ha confirmado que será denunciado www.meneame.net/story/fsa-inicia-ofensiva-legal-descubrir-impulsores-f

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este jueves que "se está fraguando" un golpe de Estado contra su Gobierno, un día después ordenar la ruptura del tratado de extradición con Estados Unidos al denunciar "la injerencia e intervencionismo" estadounidense. "Se está fraguando un plan en contra de mi Gobierno y eso es importante que el pueblo lo sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa. Miren lo delicado que eso significa. (Es) un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucio

Agentes del destacamento de Seprona del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca han denunciado a dos personas por bañarse en las proximidades de la cascada Cola de Caballo y en una de las pozas de las Gradas del Soaso, así como por incumplir la prohibición de introducir perros sueltos, tanto en las pozas como en el mismo circo de Soaso.

En él, se muestra una secuencia de planos con diferentes puntos de una ruta con una nutrida cantidad de gente bajo el rótulo "La realidad de ir a Ordesa y Monteperdido de ruta". Abajo, en la descripción del vídeo, ampliaba: "Súper masificado y agobiante en algunos tramos".

En 2015 puso en conocimiento de sus superiores presuntas irregularidades de un subordinado y denuncia que lleva 9 años "siendo brutalmente represaliada".

El Patronato de Protección a la Mujer fue la institución franquista más longeva de nuestra historia: no se cerró hasta 1985. En sus centros fueron encerradas a la fuerza miles de mujeres jóvenes que no cumplían con la norma social impuesta por la dictadura. Pregúntale a tu madre o a tu abuela “¿Tú habías oído hablar del Patronato de Protección a la Mujer?”. Casi con toda seguridad, te dirán que no. Pero prueba mejor con: ¿A ti también te decían eso de que si te portabas mal te llevarían donde las monjas?”. La respuesta va a ser un sí rotundo.

El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 4.000 euros a un hombre que presentó una denuncia falsa construida a base de bulos que, según su testimonio, había visto “en redes sociales”. El denunciante acusó al juez Manuel Marchena —que es magistrado del Alto Tribunal—, al fiscal Jesús Alonso y a sus familiares de tener dinero oculto en paraísos fiscales como Panamá y Luxemburgo, tal y como adelantó elDiario.es y ha podido confirmar Newtral a través de un auto fechado el 1 de julio de 2024.

La empresa recopiló datos de localización, fotos, detalles de pago y documentos de identidad y que, en algunos casos, también se recogieron datos penales y médicos de los conductores.

Dos profesores, una psicóloga, un filósofo y un político se enfrentan a una petición de condena de tres años de cárcel y multas de hasta 30.000 euros por una protesta en ArcelorMittal el pasado mes de mayo.