La resolución resalta, además, que los miembros de la sociedad, que primero se denominó Montoro Asociados, después pasó a llamarse Equipo Económico (EE) y que desde 2016 funciona como Global Afteli (GA), crearon una red de contactos en Hacienda gracias a que algunos de ellos habían desempeñado “cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y en las Autonomías”.

Ante la “especial gravedad” de los delitos investigados y las precauciones de la trama en sus conversaciones telefónicas por las “filtraciones desde el primer minuto”, el juzgado ordenó colocar un micrófono en el despacho profesional de Ignacio González, que ha aportado numerosa información a la causa. Los agentes entraron en el despacho de González de madrugada, acompañados del secretario judicial que levantó acta de la actuación. En la operación también han sido empleados varios micrófonos portátiles de última generación

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción de multa de 1.500 euros por una infracción grave al magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, Manuel Piñar, después de que difundiera a través de un comunicado remitido a un medio de comunicación datos que afectaban a uno de los hijos de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) a la que condenó por sustracción de menores.

El magistrado Iain D. Johnston declaró la prohibición impuesta por el estado no superó el escrutinio constitucional, y comentó que "los derechos individuales no se anulan en la propiedad pública".

Perelló nació en Cataluña y es magistrada del Tribunal Supremo desde el año 2009. Está en la sección que supervisa órganos reguladores como la CNMC y el Banco de España y fue la ponente de la sentencia que rechazó el recurso del PSOE para tratar de recontar el voto nulo de Madrid en las generales. Antes, Perelló ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está asociada a Jueces y Juezas para la Democracia.

Se jubila Manuel García Castellón, el magistrado al que los gobiernos de Aznar y Rajoy regalaron diecisiete años de exilio dorado en París y Roma y que volvió a la Audiencia Nacional a ocuparse de que los rivales del PP lamentaran pasar por su juzgado. Desde meter en prisión preventiva a Mario Conde –presidente de uno de los grandes bancos, inversor y amiguete de Pedro J. Ramírez y prestamista del rey Juan Carlos, nada menos– a acabar su carrera judicial cometiendo un error de principiante y viéndose obligado a dar carpetazo al caso Tsunami.

La jueza que investiga por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la petición de PSOE y Más Madrid de que la causa se amplíe a sus relaciones comerciales con el grupo Quirón, gigante sanitario y contratista habitual del sector con la Comunidad de Madrid. La magistrada instructora explica que varias de las diligencias que proponían las acusaciones populares son “innecesarias” y que podrían llegar a dilatar la investigación durante años.

El magistrado de la Audiencia Nacional que vio terrorismo contra Puigdemont en el caso Tsunami y que investigó las causas contra Podemos pidió adelantar su salida de la carrera judicial el pasado mes de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".

La reacción del Gobierno se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una providencia fechada el 22 de agosto, sostuviera que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” del líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, que el 30 de julio se acogió a su derecho a no declarar ante él como testigo en la causa abierta contra su mujer, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez ordenó además en esta última providencia en mitad del verano trasladar copia de la grabación a las...

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha avisado hoy de que las expulsiones masivas o cualquier otro eufemismo que se quiera utilizar son una "vulneración flagrante" de la legalidad internacional, tras las declaraciones de Pedro Sánchez, desde Senegal sobre la expulsión de migrantes en situación irregular. La asociación ha subrayado que fuera de la legalidad internacional "sólo existe la barbarie". "La negación de nuestra propia humanidad sólo pone en evidencia una hipocresía tan cruel como inútil", ha denunciado.

El empresario investigado considera que se ha producido una "flagrante vulneración" de sus derechos y su abogado ha pedido que se anule el auto de entrada y registro de las propiedades. El empresario Juan Carlos Barrabés ha recurrido este miércoles el registro de su domicilio y de la sede social de sus compañías asegurando que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso de Begoña Gómez, lo ordenó sin tener "sospecha o indicio de la comisión de los hechos delictivos". El que fue profesor de máster de la esposa de Pedro Sánchez considera q

Los 17 estudiantes procedentes de México y becados para trabajar en el espectáculo Malinche de Nacho Cano declararán esta semana ante el juez que investiga al artista porque "tienen previsto abandonar" el país el próximo 1 de septiembre. Así lo ha publicado el Juzgado de Instrucción número 19 de Plaza de Castilla, en Madrid, que es el que lleva el caso, en un auto publicado este martes

Por lo que ha trascendido hasta el momento ninguno de los testigos aportó nada nuevo a la causa, al menos nada importante y definitivo como para procesar a la primera dama por tráfico de influencias. Ni confesiones sobre maniobras ilegales, ni documentos comprometedores, ni cobro de mordidas o comisiones, ni chanchullos de ningún tipo. Desde fuera del juzgado, la sensación que nos llega es que se trató de un máster más de la Complutense, como otros muchos que se organizan cada año en el campus.

Peinado señala que “es legítima” la postura de Sánchez de no declarar, pero “como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias...". La interpretación de esas “inferencias” de las que habla el juez es sencilla: el magistrado evidencia, sin señalarlo abiertamente, una complicidad del presidente con los hechos que atribuye a su esposa,recordemos entre otros,el de tráfico de influencias.“Sólo le ha faltado decir aquello de quien calla otorga. O algo peor: si el interrogado no dice nada es que está en el ajo, cosas de delincuentes

La propuesta de Gómez fue aprobada por el Comité de Dirección en una de sus reuniones semanales. Simón ha defendido que tampoco ha mantenido contactos con Pedro Sánchez sobre ningún asunto relacionado con su esposa, manteniendo su predisposición a colaborar con la cátedra de Gómez siempre que así lo considere la Universidad Complutense.El juez Peinado ha mantenido una actitud muy beligerante con los testigos, sobre todo con el directivo de La Caixa, al que le ha llegado a advertir de que no le interesaban nada los convenios en Cataluña

Peinado no entiende cómo algunos periodistas progres le hacen la crítica y el revisionismo pertinente cada mañana. Aún no ha entendido su señoría que este no es el país franquista de antes. La prensa, tras más de cuarenta años de democracia, ha perdido el miedo reverencial a los poderes fácticos. Si se han aireado las cuentas fraudulentas del rey emérito, sus novias, sus trapacerías con los jeques, ¿cómo no se iba a poner bajo la lupa la actuación judicial de un magistrado que tiene toda la pinta de ser más política y prospectiva que jurídica

Por unas supuestas cuentas millonarias en Panamá y Luxemburgo. Aportaba como única prueba unas publicaciones en las redes sociales. La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Gijón se inhibió en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que decretó el archivo de la denuncia al carecer de fundamente alguno. Sin embargo, abrió una pieza separada de investigación al denunciante, al que ahora condena al pago de una multa de 4.000 euros, considerando que la denuncia al magistrado y al fiscal «no parece compatible con la buena fe.."