El Gobierno debe afrontar la aplicación de beneficios a los presos de ETA, tras el cese de la violencia, algo que pasará por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Un puesto clave para el Ejecutivo, que abordará este mes el Consejo General del Poder Judicial. Hasta el momento, siete jueces optan por el cargo, entre ellos el actual presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, vilipendiado por medios de la derecha tras su sentencia del 11-M, en la que desestimó las teorías ‘conspiranoicas’ sobre la matanza de Atocha.