Bruselas pone condiciones a PSOE y PP para retomar la mediación sobre el Consejo General del Poder Judicial: si quieren una nueva reunión, tienen que hacer antes los deberes y plantearle una propuesta concreta sobre la que discutir. Así lo explican fuentes de la Comisión Europea a raíz de las solicitudes que le han llegado, tanto de Génova como del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para reactivar las negociaciones. La exigencia del gobierno comunitario pretende que haya algún avance después de tres reuniones en las que apenas se produjeron.

Si volviéramos al sistema de que los vocales del CGPJ de extracción judicial fueran elegidos por sus pares, el Consejo tendría siempre mayoría conservadora y elegiría siempre para la cúpula judicial magistrados mayoritariamente conservadores, lo que implicaría siempre una interpretación conservadora de los valores superiores constitucionales. Lo que sería contrario al pluralismo y a la doctrina constitucional de que el CGPJ debe reflejar también “el pluralismo existente en el seno de la sociedad”.

“Nos hemos comprometido a negociar. Si hay voluntad real de acordar los dos aspectos, debería haber posibilidades”, afirmó este lunes el portavoz de Partido Popular, Borja Sémper, en rueda de prensa. Los “dos aspectos” suponen tanto la renovación pactada de los vocales entre ambas partes con el sistema actual, como el acuerdo sobre la nueva fórmula pero con unos plazos tasados. “Queremos una garantía de que es la última vez”, advierten desde el entorno de Feijóo. “Ahora dicen ‘ya lo iremos viendo”, agregan.

El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

Una moción para “denunciar la inacción del Ministerio de Sanidad” por la falta de personal sanitario en verano en el Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero (22.674 habitantes en 2024) ha derivado en la prohibición por parte del alcalde, Avelino Álvarez, del PP, en usar el término 'extrema derecha' para referirse a Vox.

El PP ha instado este viernes a los barones socialistas a que pasen a la acción contra el concierto económico para Cataluña y frenen la “deriva reaccionaria” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “en seis años se ha ido saltando todas las líneas rojas” por “mero cálculo político”. “Están alzando la voz, pero tienen que pasar de las palabras a los hechos. Ha llegado el momento de decir basta”, ha reclamado a los líderes territoriales del PSOE la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz.

Durante el verano de 2023 la Junta de Andalucía también anunció una subida del 4,2%, a lo que la consejera de educación durante ese periodo, Patricia del Pozo, justificó la decisión alegando que era “derivada tanto del aumento del coste de los alimentos y su distribución, como de los gastos de personal tras los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional”, a pesar de que Andalucía se encuentre a la cola en materiales salariales

La embajada venezolana en Madrid avisó por escrito de que rechazaría la entrada de los parlamentarios. El resto de grupos de la Cámara Alta que también pensaban acudir a Venezuela desistieron del viaje, excepto los del PP.

“Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?', porque si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”. Son declaraciones del actual líder del PP, Núñez Feijóo, en su campaña para presidir el partido en el 2022. Un informe sobre el contrato de concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo publicado por el Consejo de Cuentas de Galicia este miércoles asegu

Hasta 65 grados en Callao, 63,5 en la Plaza Mayor y 54,8 en la Puerta del Sol de Madrid. Estos son los datos que ha registrado este miércoles la organización Greenpeace en plena ola de calor. La entidad ecologista ha medido, a través de cámaras termográficas, el calor extremo al que se está viendo sometida la capital para instar al Gobierno municipal de José Luís Martínez- Almeida a la "imperiosa necesidad" de repoblar las zonas verdes que aseguren sombra y resguardo en la capital.

Las críticas del PP hacia el pacto ERC-PSC son, a todas luces, incoherentes. Mientras denuncia el acuerdo catalán por supuestamente romper la igualdad y el modelo de financiación, sus propias medidas han perpetuado y exacerbado las desigualdades económicas y territoriales en España. La eliminación de impuestos a los ricos y la reducción de recursos para las comunidades autónomas son estrategias que favorecen a las élites económicas, limitando el acceso equitativo a servicios y oportunidades para el resto de la población.

La polémica por las residencias de mayores nunca ha dejado de estar presente en la Comunidad de Madrid, pero esta ha cogido especial fuerza desde el coronavirus, cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residentes a hospitales con un número -el 7.291 en referencia a estas persona que fallecieron por la no derivación- que persigue a la presidenta cada vez que este tema sale en el debate político o social.

Varias empresas contratistas del Ayuntamiento de València, fundamentalmente constructoras e inmobiliarias, hincharon la caja B del PP de Rita Barberá que la formación usó para abonar sus gastos electorales. La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, detalla los pagos en B a la campaña de Barberá para las elecciones municipales de 2007, mayoritariamente a través de aportaciones de empresas privadas y con fondos desviados de dos fundaciones municipales.

El Ayuntamiento de Madrid ha modificado el importe de adjudicación de la concesión, un cambio que comunicó a Europa justo antes de conocerse la sentencia que anula el contrato

La Sala de lo Penal ordena al juez Pedraz que investigue un chat sobre el espionaje ilegal de la cúpula de Interior a Podemos durante el mandato del PP.

Estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento y pagar una multa de cinco millones de euros

La gestión educativa de la Comunidad de Madrid es una de las que más entredicho se encuentran por parte de la comunidad educativa, la oposición y los sindicatos en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. El último hecho -o uno de ellos- que evidencia el trato “desigual” y “discriminado” que el ejecutivo capitaneado por la baronesa ‘popular’ ejerce sobre los profesionales de la Educación obedece a las oposiciones para profesores de Formación Profesional (FP).

El Tribunal de Cuentas constata que el Gobierno regional estaría derivando pacientes a centros privados sin acreditar que carece de medios públicos para atenderles. El SMS acumula un déficit de más de 3000 millones de euros y es ya un gran agujero negro en las cuentas regionales.