La Fiscalía estudia si recurre el tercer grado por motivos de salud otorgado a Fèlix Millet, que tiene otras dos causas abiertas ante la Justicia por ocultar ingresos para ralentizar la devolución del expolio

El extesorero de CDC Daniel Osàcar, condenado por el caso Palau, tira de la manta e implica a Artur Mas en la financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya. En otras palabras, el exresponsable de las finanzas del partido cree que el expresidente catalán conocía el sistema de blanqueo de dinero procedente de comisiones ilícitas.

Fèlix Millet conserva un criterio particular acerca del dinero pese a estar cumpliendo condena por expoliar 23 millones de euros del Palau de la Música. El antiguo mandamás del auditorio y sus dos hijas se han quedado con 6.000 de la venta de una casa en Vielha (Val d'Aran) que tenían embargada y cuyo importe debía destinarse a devolver el dinero saqueado.

Jordi Montull, ex número 2 del Palau de la Música, ha ingresado este lunes por la tarde en la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), para comenzar a cumplir la pena de siete años, seis meses y 15 días que le impuso el Tribunal Supremo por el caso Palau.

Además, en el caso de Millet, la Audiencia también desecha el recurso que presentó hace unos días para detener igualmente la ejecución de la pena mientras se solventa el indulto solicitado. En ambos casos, la Audiencia ha decidido mantener lo acordado en el auto del 12 de mayo en el que se acordó el ingreso voluntario en prisión antes del día 25 de Junio del 2020.

La Generalitat está estudiando cómo deshacer el contrato que suscribió con Ferrovial, que se debía encargar de rastrear los contactos de las personas con Covid-19, servicio que se externalizó a través de una contratación sin concurso. La elección de la empresa perteneciente a la matriz condenada por el caso Palau fue criticada por los colectivos de profesionales sanitarios en Catalunya, por lo que la conselleria está dispuesta a contentar esa “inquietud”; ahora bien, hacerlo “seguramente” implicará una compensación económica

El Tribunal Supremo ratificó las condenas de Millet, Montull y CDC y confirmó el comiso de 6,6 millones de euros a Convergència.

Hasta ese momento, el consistorio había estado en manos de CiU. Y su nombre había aparecido incluso en el sumario del Caso Palau.

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha absuelto a todos los acusados del supuesto expolio del Palau de Les Arts. El tribunal rechaza todas las acusaciones que el exfiscal Anticorrupción Vicente Torres mantuvo durante años.

Según han explicado otros testigos ante el tribunal, Sebastián Carpi, suegro de Joaquín Maldonado, se puso en contacto con Dragados y ACS; Noguera con Juan Luis Cebrián, del grupo PRISA, Rodolfo Martín Villa, entonces presidente de Sogecable, y Carlos Turró, de Cleop; y Javier Serratosa con Gazprom, a través del embajador ruso en España. En este juicio se acusa por delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental al ex director financiero del Palau, Ernesto Moreno, al empresario Joaquín Maldonado, al abogado José Antonio

Todo empieza con el registro de los Mossos para investigar una salida sospechosa de dos millones en metálico, en billetes de 500 euros, en dos remesas. Eso activó las alarmas sobre blanqueo de capitales en la Agencia Tributaria, que solicitó documentación. Desde el Palau dieron explicaciones muy extrañas, la agencia encontró dudas razonables y lo puso en conocimiento de la fiscalía. Ese es el antecedente de la entrada de los Mossos, de la dimisión forzada de Fèlix Millet y de mi llegada.

De los 23 millones en los que la Audiencia de Barcelona cifró el expolio, los saqueadores del Palau solo han devuelto 5,91. Lo hicieron cuando estalló el caso, en un intento (exitoso) para evitar la prisión preventiva confesando el crimen y reparando parte del daño. Fèlix Millet y Jordi Montull usaron su control total en la gestión del Palau para saquearlo y el auditorio fue la vía a través de la que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cobró comisiones a cambio de obra pública.

Mònica Osàcar, la hija del extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) condenado por recaudar el 3% (y el 4%) en el caso Palau, Daniel Osàcar, volverá a trabajar desde el próximo lunes como cargo de confianza de la Generalitat.

Carles Puigdemont acusaba al PSC de “embarrar” con el Caso Palau. Era julio de 2010 y el expresident arremetía contra los socialistas en su blog personal. “Parafrasejant aquella vella màxima del mal periodisme, es resumeix en la frase següent: que la veritat no t’espatlli una bona empastifada”. Según Puigdemont el objetivo del PSC era la destrucción de Convergència y se aprovechaban de la comisión de investigación de Palau para ello.

Los tiempos de la justicia jugaron a favor de Ferrovial. La empresa que pagó comisiones para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) vio este lunes como los dos exdirectivos investigados en el caso Palau fueron absueltos al haber prescrito sus delitos. Pedro Buenaventura y Juan Elizaga se quitaron la losa de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias que se les imputaban.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a nueve años y ocho meses de prisión al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a cuatro años y cinco meses al extesorero de CDC Daniel Osàcar por el expolio perpetrado en la entidad cultural catalana entre 2000 y 2009.

Además ha condenado a siete años a Felix Montull y a cuatro a Osàcar. Condenan también a CDC por cobrar "mordidas" por el Palau de la Música de Barcelona.

Fuentes jurídicas y políticas en Barcelona temen que en la parte dispositiva del fallo del mayor caso de corrupción que se ha juzgado en Cataluña se obligue al partido que coordina Marta Pascal a devolver las comisiones que pudiera haber percibido de manera ilegal, algo que supondría en sus cuentas un impacto de millones de euros.

Emilio Sánchez Ulled califica los diez años (de 1999 a 2009) que abarca el escrito de acusación de nefastos en la gestión del Palau de la Música y que dibujan, según él, una "fotografía social demoledora".

Para el tribunal, el trámite ya concluyó el 17 de mayo, cuando se presentaron las conclusiones de las acusaciones. La decisión llega después de que la Generalitat rectificase y decidiera "no bloquear" que el Patronat del Consorci del Palau de la Música Catalana pudiese acusar a Convergència.

Los dos detenidos han ingresado en prisión de forma inmediata tras prestar declaración judicial. Los dos fueron condenados a cárcel por estafar más de 400.000 euros. El padre fue condenado a 5 años, y la madre, a 3. En el año 2010 crearon una fundación para conseguir fondos para su hija, que padecía una enfermedad rara. Tras varios años recaudando dinero se descubrió que el dinero no había sido utilizado para la cura de la niña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Dicha denuncia la llevará a cabo la abogada Zaida Fernández Toro, la misma que se niega a pactar con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

La Audiencia Provincial de Málaga ha reanudado este lunes el proceso por el caso Astapa en el que se investiga la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Estepona (Málaga), citando a los 37 procesados para que ejerzan su derecho a la última palabra y pueda dictarse sentencia.Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona crearon una caja B en el Ayuntamiento y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.

El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tomará declaración este lunes en calidad de investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Precisamente, ha trascendido que Barrabés ha recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra.

El juez peinado descubre sin querer el gran secreto de Pedro Sánchez y Begoña Gomez en la audiencia

La organización pide transponer la directiva anti SLAPP, “que castiga el uso de la justicia para amedrentar periodistas”

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles inadmitir por falta de legitimación el recurso de alzada interpuesto por 'Hazte Oír' y 'Iustitia Europa' contra el acuerdo gubernativo adoptado por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, por el que se dispuso, entre otras cosas, que Begoña Gómez pudiera acceder por el garaje a los juzgados el pasado viernes 19 de julio. La decisión de la Comisión Permanente llega después de que el hecho que impugnaban ambas acusaciones populares haya tenido lugar

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas. Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa

Hace siete años, en mitad de la tempestad por la trama Gürtel, Pedro Sánchez, líder de la oposición en ese momento, pedía la dimisión inmediata de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, por su declaración como testigo en el Caso Gürtel. Ahora, el actual líder del Ejecutivo, tendrá que declarar ante el Juez Peinado el próximo 30 de julio por la investigación contra su mujer por corrupción y tráfico de influencias.

Begoña Gómez pidió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado día 2, a 72 horas de comparecer como investigada ante el juez Peinado, la renovación de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que codirige con el profesor José Manuel Ruano desde octubre de 2020. No es la primera vez que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicita continuar con el desarrollo de la cátedra extraordinaria cuya creación propuso al rector de la UCM, Joaquín Goyache, tras llamarle a una reunión en la Moncloa, cátedra que

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón en parte al inquilino del denominado 'caso ariete' por el acceso de la Policía Nacional a la fuerza en un piso de la calle Lagasca en plena pandemia y ha determinado que la entrada carecía de "habilitación legal" al haberse realizado sin consentimiento del titular y sin autorización judicial. Relacionada old.meneame.net/m/actualidad/justicia-declara-ilegal-entrada-fuerza-pi

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este viernes que su formación, que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez', llamará al presidente, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones".

Faltan agricultores que surtan de este producto de huerta a una industria envasadora que vende todas sus existencias. Productores de este alimento con indicación geográfica protegida (IGP) y Gobierno regional buscan soluciones para ampliar la zona de cultivo actualmente restringida a siete municipios del Campo de Calatrava, en Ciudad Real

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Después de que anulara parte de la condena por prevaricación a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, la corte de garantías desarma la sentencia del Supremo que dio un castigo ejemplar a los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos a dos expresidentes.