Varias empresas contratistas del Ayuntamiento de València, fundamentalmente constructoras e inmobiliarias, hincharon la caja B del PP de Rita Barberá que la formación usó para abonar sus gastos electorales. La sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula, dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València, detalla los pagos en B a la campaña de Barberá para las elecciones municipales de 2007, mayoritariamente a través de aportaciones de empresas privadas y con fondos desviados de dos fundaciones municipales.

El tribunal resolvió hace dos meses todos los recursos presentados contra la condena dictada por la Audiencia Nacional en 2021, pero ha pospuesto la redacción y publicación del fallo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular (PP) de la región, Esperanza Aguirre, acuda a testificar al juicio sobre la caja b de los populares madrileños. El ministerio público ha trasladado a la Audiencia Nacional esta motivación, fundamentada en lo vital del testimonio de la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. De acudir a la vista oral, Aguirre podría encontrarse con antiguos pupilos como Francisco Granados.

Según García Castellón el PP no se benefició de la contabilidad paralela de su formación madrileña para sufragar los gastos electorales de los comicios de 2011, los últimos de Aguirre como presidenta regional. Una tesis radicalmente contraria a lo que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo consideraron probado en el 'caso Gürtel' sobre la caja B que manejó el entonces tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. Rel. old.meneame.net/story/audiencia-nacional-lleva-juicio-mano-derecha-esp

El entramado empresarial de Laterne, usado por el PP de Rita Barberá para hinchar la supuesta caja B con la que financió la campaña electoral de 2007, ingresó un total de 616.000 euros provenientes de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), una entidad financiada con dinero público y dirigida por José Salinas, uno de los cuatro acusados en el juicio de la pieza A del 'caso Taula'. Los fondos se facturaron por parte de la empresa del fallecido Vicente Sáez por los supuestos trabajos para la elaboración de un plan estratégico.

La Audiencia Nacional, tras cinco años de investigación, finaliza la investigación sobre las supuestas donaciones al PP por parte de empresarios a cambio de adjudicación de obra pública

El juez de la Audiencia Nacional que investiga si el PP de Madrid contaba con su propia caja b ha zanjado definitivamente las pesquisas sobre esta pieza separada de la trama Púnica , que tiene a la ex presidenta regional Esperanza Aguirre como imputada, sin esperar a que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias El Rata , aporte el informe que está elaborando desde la cárcel sobre las irregularidades que denunció en torno al Mercado de Puerta Toledo.

Dos sentencias de la Audiencia Nacional y una del Tribunal Supremo han acreditado que el Partido Popular ha tenido una caja b, en contra de las afirmaciones del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la comisión de investigación del caso Kitchen.

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, tapaba con lonas las viviendas afectadas por las obras de la línea 7 de Metro. Las telas gigantes, catalogadas por los principales damnificados por estas operaciones como las lonas “de la vergüenza”, caían esta semana, dejando con ello al descubierto la situación en la que se encuentran los edificios.

El viaje del Partido Popular a Venezuela ha levantado serias dudas acerca del manejo de los recursos públicos. Según informes, los billetes de avión y otros gastos relacionados con la travesía han sido pagados con dinero proveniente del Congreso de los Diputados, del Senado y del Parlamento Europeo. Esta situación plantea una pregunta: ¿cómo es posible que los gastos de un viaje de carácter político personal sean cubiertos con fondos destinados a actividades institucionales?

Una moción para “denunciar la inacción del Ministerio de Sanidad” por la falta de personal sanitario en verano en el Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero (22.674 habitantes en 2024) ha derivado en la prohibición por parte del alcalde, Avelino Álvarez, del PP, en usar el término 'extrema derecha' para referirse a Vox.

El PP ha instado este viernes a los barones socialistas a que pasen a la acción contra el concierto económico para Cataluña y frenen la “deriva reaccionaria” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “en seis años se ha ido saltando todas las líneas rojas” por “mero cálculo político”. “Están alzando la voz, pero tienen que pasar de las palabras a los hechos. Ha llegado el momento de decir basta”, ha reclamado a los líderes territoriales del PSOE la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP, Esther Muñoz.

Durante el verano de 2023 la Junta de Andalucía también anunció una subida del 4,2%, a lo que la consejera de educación durante ese periodo, Patricia del Pozo, justificó la decisión alegando que era “derivada tanto del aumento del coste de los alimentos y su distribución, como de los gastos de personal tras los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional”, a pesar de que Andalucía se encuentre a la cola en materiales salariales

La embajada venezolana en Madrid avisó por escrito de que rechazaría la entrada de los parlamentarios. El resto de grupos de la Cámara Alta que también pensaban acudir a Venezuela desistieron del viaje, excepto los del PP.

“Un político es un ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles y, por tanto, cuando dice que inaugura un hospital la pregunta que hay que hacerle es: '¿Lo deja usted a deber o está pagado?', porque si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”. Son declaraciones del actual líder del PP, Núñez Feijóo, en su campaña para presidir el partido en el 2022. Un informe sobre el contrato de concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo publicado por el Consejo de Cuentas de Galicia este miércoles asegu

Hasta 65 grados en Callao, 63,5 en la Plaza Mayor y 54,8 en la Puerta del Sol de Madrid. Estos son los datos que ha registrado este miércoles la organización Greenpeace en plena ola de calor. La entidad ecologista ha medido, a través de cámaras termográficas, el calor extremo al que se está viendo sometida la capital para instar al Gobierno municipal de José Luís Martínez- Almeida a la "imperiosa necesidad" de repoblar las zonas verdes que aseguren sombra y resguardo en la capital.

Las críticas del PP hacia el pacto ERC-PSC son, a todas luces, incoherentes. Mientras denuncia el acuerdo catalán por supuestamente romper la igualdad y el modelo de financiación, sus propias medidas han perpetuado y exacerbado las desigualdades económicas y territoriales en España. La eliminación de impuestos a los ricos y la reducción de recursos para las comunidades autónomas son estrategias que favorecen a las élites económicas, limitando el acceso equitativo a servicios y oportunidades para el resto de la población.

La polémica por las residencias de mayores nunca ha dejado de estar presente en la Comunidad de Madrid, pero esta ha cogido especial fuerza desde el coronavirus, cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residentes a hospitales con un número -el 7.291 en referencia a estas persona que fallecieron por la no derivación- que persigue a la presidenta cada vez que este tema sale en el debate político o social.

El Ayuntamiento de Madrid ha modificado el importe de adjudicación de la concesión, un cambio que comunicó a Europa justo antes de conocerse la sentencia que anula el contrato

La Sala de lo Penal ordena al juez Pedraz que investigue un chat sobre el espionaje ilegal de la cúpula de Interior a Podemos durante el mandato del PP.

Estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento y pagar una multa de cinco millones de euros

La gestión educativa de la Comunidad de Madrid es una de las que más entredicho se encuentran por parte de la comunidad educativa, la oposición y los sindicatos en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. El último hecho -o uno de ellos- que evidencia el trato “desigual” y “discriminado” que el ejecutivo capitaneado por la baronesa ‘popular’ ejerce sobre los profesionales de la Educación obedece a las oposiciones para profesores de Formación Profesional (FP).