Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha criticado este viernes la decisión del juez instructor Joaquñín Aguirre de pedir al Tribunal Supremo que investigue al expresidente de la Generalitat por presunta traición en una pieza separada sobre la llamada trama rusa: "Los psicotrópicos son peligrosos" y causan delirios, ha dicho.

Así, la ley, que no recoge esa palabra en su redacción, no abarcaría el procesamiento contra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el procesamiento del clan Pujol. La proposición de ley se centra en los delitos relacionados con el procès, dejando fuera los demás ilícitos, entre ellos blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, así como cualquier acto cometido antes del 1 de noviembre ...

"Dicho más claramente, no puede existir un procedimiento por presunto delito de terrorismo en el que además se vincule esos hechos con el fallecimiento de una persona y que, al mismo tiempo, no se hubiese cumplido, en más de cuatro años, con lo previsto en el ya tan citado artículo 26 que establece unas obligaciones estatales, pero que recaen en este Instructor, respecto de una presunta víctima de un delito de terrorismo", concluye.

Cuando hace más de un año del encarcelamiento del periodista vasco Pablo González en Polonia, la prensa internacional sigue haciendo eco del caso. Ahora ha sido el semanario mexicano el Proceso quien ha recogido la historia de González, detenido mientras cubría la guerra en Ucrania, acusado de ser un espía. Su abogado, Gonzalo Boye, y el diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu han denunciado, en declaraciones al diario citado, que las autoridades españolas han dejado al periodista "prácticamente solo" y no han luchado para liberarlo.

El abogado Gonzalo Boye prevé que el 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont vuelva a Catalunya antes de acabar el año. "Ni a Clara ni a Toni ni al presidente les atemoriza una detención", ha asegurado en declaraciones a Rac 1. En cuanto a la citación de Ponsatí a declarar ante el Supremo el 24 de abril, ha indicado que la 'exconsellera' "no tiene ninguna intención voluntariamente de comparecer ante un juez que no es lo preestablecido por ley".

Citizen Lab concluyó que los teléfonos móviles y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya fueron atacados con el software Pegasus sin tener acceso directo a ninguno de ellos. Todas las conclusiones del CatalanGate se basa en las informaciones que le hicieron llegar Elies Campo, un activista independentista, y Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Todos los presuntos espiados se han negado a entregar sus teléfonos móviles a las autoridades judiciales para realizar pruebas periciales independientes.

Este lio no lo vi venir Vida solo hay una y la pienso vivir Asi que: Veni, vidi, vici

La Fiscalía Antidroga ha pedido 31 años y 6 meses de prisión para José Ramón Prado, aka Sito Miñanco, y 9 años y 9 meses de cárcel para Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado de Carles Puigdemont. La Fiscalía Especializada acusa a más de 50 investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales. Ha solicitado también que se aplique una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye y de más de 950 millones para Prado Bugallo

El delator que la Audiencia Nacional ha utilizado contra Gonzalo Boye, Manuel Puentes Saavedra, sospechoso de homicidio, ya está en la calle . La declaración que implicael abogado de Carles Puigdemont en un supuesto blanqueo de capital le ha abierto las puertas del trullo. Puentes Saavedra no se ha limitado a decir que Boye redactó los contratos de compra venta de créditos para recuperar el dinero incautado en el aeropuerto a un cliente suyo, el empresario colombiano del ramo de la seguridad Manuel González Rubio.

Las comparecencias de los detenidos ante la jueza Lamela son duras. El fiscal del caso es Ignacio de Lucas , precisamente hermano pequeño del senador del PSOE y columnista de El País Javier de Lucas . Lamela informa a los abogados de que sus clientes están acusados de narcotráfico y blanqueo de capitales en relación con 889.620 euros incautados en Barajas el 6 de febrero del 2017. Los letrados se ponen las manos en la cabeza y recuerdan a la magistrada que el delito de blanqueo no podía existir porque se estaba tramitando el expediente...

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este jueves que la decisión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que defiende que hace falta demostrar que hay "deficiencias sistémicas" en el sistema judicial del Estado para rechazar las euroórdenes contra los líderes independentistas reclamados por el 1-O, es una "mala noticia".

La estrategia de Boye se basará en pedir la nulidad de todos estos procedimientos en que aparece el juez y exigirá la aplicación de la denominada doctrina Garzón, en referencia a la sentencia que en febrero del 2012 condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez o magistrado por haber ordenado grabar conversaciones de algunos de los presos encausados por el caso Gürtel con sus abogados.

Carles Puigdemont y su equipo preparan ya una ofensiva legal contra el juez del Supremo que se encarga del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de consecuencias imprevisibles. Los abogados del 'expresident' catalán ven en la actuación del magistrado Pablo Lucas, que autorizó las escuchas con el sistema Pegasus, motivos para reclamar su inhabilitación y la nulidad de varias de las resoluciones del Supremo.

La gente tiene la costumbre de confundir al abogado con los clientes a los que defiende, y tiende a criminalizar", especialmente "en los países poco democráticos", dice Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965), que ha pasado esta semana por el Parlamento de Navarra para dar cuenta de la situación de uno de sus defendidos, el periodista Pablo González, preso en Polonia.

El macrojuicio contra los 16 presuntos miembros del clan de 'Los Castañas' se ha reanudado este viernes con las pruebas testificatorias aportadas por parte de la Fiscalía, quien pide 20 años de cárcel para los líderes de la presunta organización criminal, y con la ausencia de Isco Tejón, quien no ha comparecido debido a una cita médica. El pasado viernes, cuando se celebró la segunda sesión del macrojuicio contra el narcotráfico del clan de ‘Los Castañas’, el abogado de Isco Tejón, Gonzalo Boye, aseguró que se trataba de una causa «plagada de…

El expresident se reunió a finales de junio de 2019 con los responsables de los contactos con Moscú para recabar información sobre la marcha de las conversaciones. El entorno del expresident también se citó en secreto esos días con un gestor de patrimonio ruso llamado Yuri Emelin. El objetivo era que este asesor les ayudara a crear una estructura financiera en el extranjero. También asistieron el asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay, su abogado, Gonzalo Boye, y el empresario ruso con residencia en Barcelona Alexander Dmitrenko.

El fiscal del Tribunal Supremo español José Miguel de Rosa Cortina considera que el abogado Gonzalo Boye no tiene el derecho a presentar ninguna demanda por vulneración del derecho del honor, de la intimidad personal y familiar ni de la propia imagen porque, dice, “interviene en muchas causas que se caracterizan por ser extremadamente polémicas y genera debates de alta tensión política como, por ejemplo, el procedimiento contra el señor Puigdemont”. El fiscal dice esto en un informe sobre un recurso que la web Periodista Digital

Mientras en Bélgica se guían por los criterios que van estableciendo los tribunales europeos —Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)— en España se siguen interpretando las normas desde una rancia perspectiva, en blanco y negro, pensando en que los derechos y libertades de los ciudadanos son una suerte de prebenda de la que no todos somos titulares.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una recusación presentada por el abogado Gonzalo Boye --defensor, entre otros de los líderes independentistas Carles Puigdemont y Joaquim Torra-- contra el magistrado de este órgano Pablo Llarena. El letrado pretendía que el juez Llarena se abstuviera de decidir sobre la querella que él ha presentado contra la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato por procesarle en el marco de la causa sobre Miñanco.

Ha anunciado que ha contratado a los letrados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, quien ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez ha contratado a los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye para preparar el recurso a su condena por agresión a un agente policial y para las "eventuales acciones judiciales" contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.