Dos de los tres pabellones de este hospital, que se convirtió en la insignia de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, se han convertido en una sala de almacenamiento y en un desolador espacio sin vida sanitaria ni de ningún otro tipo. Con una inversión de 170 millones de euros, el triple de lo que se había presupuestado inicialmente, tan sólo una de las tres naves que integran el edificio alberga pacientes. Son 91 en total, para un hospital que se creó con el objetivo de albergar a un total de 1.000 enfermos.

Son demasiados pacientes oncológicos y no tantos sillones para recibir la quimioterapia que necesitan. Esa es la realidad que vive hoy el Hospital Álvaro Quinteiro de Vigo, donde la falta equipamiento y la cantidad de usuarios ha obligado, según denuncian los afectados y según recoge la plataforma Defensor del Paciente, a mandar a casa sin su tratamiento a los enfermos de cáncer del área sanitaria viguesa.

AMYTS denuncia que los profesionales se ven obligados a trabajar con "una grave ausencia de confidencialidad, sin una regulación concreta de la consulta telefónica" o "un criterio establecido de las consultas que se derivan".

Jordi Estradé, que sufre incontinencia fecal, y Conchi Cambelo, con escapes miccionales, explican sus dolorosas vivencias para romper el tabú en torno a una patología extendida pero estigmatizada. Se trata de una patología extendida, pero casi la mitad de los afectados no consulta al médico ni lo cuenta a su entorno cercano, sobre todo por vergüenza.

Sin cadáver al haber sido incinerado por orden de la propia cuidadora investigada, las intervenciones telefónicas suponen una prueba clave para tratar de demostrar que José Félix Cirujeda, el anciano de 91 años muerto en agosto de 2023, fue presuntamente asesinado suministrándole antipsicóticos.“Si te insinúan que lo envenenaste, … perdona yo le daba la medicación que me han dicho y punto”, le indica el cura a Remedios S. P., la mujer a la que la víctima nombró heredera universal a los 18 días de estar trabajando en su casa

Un grupo de familiares que acompañaban a una mujer destrozaron ayer, miércoles, mobiliario y material sanitario y agredieron a personal del Hospital de Terrassa (Barcelona) después de complicaciones en un parto. El suceso ocurrió hacia las 19.30 horas cuando el grupo de familiares reventó la puerta de la sala de partos y entraron en la misma, agrediendo a varios sanitarios que estaban dentro y destrozando material.

El Servicio Andaluz de Salud no puede desde esta semana, derivar pacientes de Atención Primaria a la sanidad privada. Es la consecuencia de la entrada en vigor efectiva de la nueva orden de tarificación, o mejor dicho, de la modificación de la orden que incluía estos servicios desde el año pasado. Los cambios fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 16 de mayo con la disposición final de su entrada en vigor a los veinte días desde ese momento, por lo que ha entrado en vigor esta semana.

Según un estudio de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), solo un 4,9% de los pacientes reconoce que utiliza solamente su seguro privado. Nueve de cada diez (el 86,2%) pacientes de la sanidad privada usa también la pública para tratarse. El 7,5% reconoce que utilizó únicamente el sistema público, y el 4,9% exclusivamente su seguro.

El organismo supervisor considera "desconcertante" y una posible "connivencia tácita" que ni El Carmen ni Cosaga se hayan presentado a un concurso para "regularizar" las desviaciones de pacientes sin conciertos de las que se han venido beneficiando.

Rueda destituye a la prima de Feijóo tras las denuncias de las pacientes de cáncer de los hospitales que dirigía. El anuncio, que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) hizo público el pasado sábado, se produjo un día después de que los pacientes de cáncer del área sanitaria anunciaran una rueda de prensa para denunciar el mal funcionamiento del servicio de Oncología. Alegan retrasos de hasta ocho meses en las citas para la revisión de su enfermedad; demoras de hasta diez horas en los horarios previstos para sus tratamientos de quimioterapia

Asturies pola Sanidá Pública acusa al ayuntamiento de «beneficiar» a a empresa privada «que solo busca su beneficio económico» frente a los vecinos. La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, ha justificado el voto favorable del PP al sostener que se trata de una «inversión muy ambiciosa» que ofrece «nuevas oportunidades» para la ciudad, 300 puestos de trabajo directos y «más opciones» para los pacientes. El concejal de Urbanismo, segundo teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, lo ha celebrado

A Rut Carpintero, vallisoletana de 43 años, le amputaron los brazos a la altura de los antebrazos, la pierna izquierda a la altura del fémur y la derecha por la tibia en 2023. Ante la ausencia de fisioterapeutas especializados en amputaciones en Castilla y León, tuvo que acudir a una clínica privada en Madrid, lo que le genera enormes gastos. Rut Carpintero es una gran defensora de la sanidad pública. Es consciente de que sus profesionales la salvaron la vida hace unos meses, cuando sufrió la amputación de sus cuatro extremidades a consecuencia

Iba a “asombrar al mundo” pero tres años después lo difícil es seguir la pista de lo que ocurre en el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid. En este tiempo, este centro hospitalario sui generis sin habitaciones ni quirófanos que costó tres veces más de lo que inicialmente se pensaba ha tenido muchas vidas para justificar su existencia.

Para concienciar a la población sobre la importancia de que esos turnos no se desaprovechen, el Ministerio ha ordenado a las comunidades autónomas que los centros de salud coloquen diariamente carteles en los que se informe de las citas desperdiciadas. El objetivo es sensibilizar a los pacientes, ya que las incomparecencias tienen dos perjudicados. Por un lado, el sistema, por el coste económico del turno que se pierde. Por otro, los demás usuarios que no pueden beneficiarse de que se les adelante una cita en ese hueco que se desaprovecha.

Un dispositivo para hacer más sencilla la interacción entre pacientes y auxiliares técnicos sanitarios durante un ingreso. Esto es, precisamente, CuboLab, un dispositivo de comunicación directa, en el que cada una de sus caras se asocia a un color (del verde al rojo) y un dibujo (de una cara que sonríe a una enfadada u otra que llora) y un número del 0 al 5. Cada una de esas imágenes se corresponde con escalas del dolor como la escala wong baker o la facial affective scale.

Casi un millón de madrileños se encuentra esperando una cita médica, según los últimos datos de febrero, que superan las cifras del peor momento pospandémico, pese a las promesas incumplidas Ayuso.

Los trabajadores de la base de SAMU061 en Santa Eulària des Riu, municipio de la zona norte de Eivissa, están al límite. Ubicada en la antigua biblioteca del centro desde el verano de 2016, la base presenta “múltiples carencias en materia de servicios higiénicos y locales de descanso incompatibles con lo dispuesto en la normativa laboral”, denuncia el sindicato médico balear, SIMEBAL. “Esta situación se hizo especialmente grave durante la pandemia la COVID19 y fue denunciada por SIMEBAL a la Inspección de Trabajo en diciembre de 2021”, lamentan

Dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford, se publica en 'The Lancet Public Health'. En general, la privatización puede reducir costos, pero a costa de la calidad de la atención. Ninguno de los 13 estudios longitudinales incluidos en la revisión halló efectos inequívocamente positivos en los resultados de salud. Incluso, en algunos estudios, niveles más altos de privatización hospitalaria se correspondieron con tasas más altas de muertes evitables.

- Paper (The Lancet, abierto): doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00003-3

El 16% de pacientes que en 2023 requirieron de asistencia médica en un centro de Atención Primaria debido a un "verdadero problema de salud" no lo consiguieron, por lo que tuvieron que recurrir a las urgencias hospitalarias, a la sanidad privada o esperar a que el problema se resolviera espontáneamente. Una situación que se agrava en Andalucía (con un 21,75%) y en la Comunidad de Madrid (19,97%), las únicas autonomías por encima de la media nacional. En 2022 era el 21,4%, lo que supone una mejora del 5%.