María, nombre ficticio, llegó a España en un vuelo procedente de Malabo en agosto de 2017. Aterrizó sin equipaje, sin pasaporte y sin documentación. Contó a los agentes que nació en mayo de 2001 en Camerún, tal y como acreditaba con una cartilla de vacunación y documentos escolares. También contó a los agentes que había comprado el vuelo con documentación falsa de la que se deshizo en el avión y que quería pedir asilo porque había huido su país para escapar de la violencia sexual a la que le sometía su padre. María ingresó en un centro de menor

El problema de los botellones es un problema de todos. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha dado traslado a la Fiscalía de Menores un total de 13 expedientes los casos graves y comprobados en los que se aprecie que los adolescentes sorprendidos bebiendo alcohol en la calle, con pruebas de que incurren en un delito de abandono de menores. Lo que puede traducirse en que el juez decida retirar la custodia a esos padres o tutores legales de estos inmersos en el proceso.

El fiscal de Seguridad Vial de Vizcaya, Bartolomé Vargas, ha anunciado que la Fiscalía de Menores podrá suspender la tutela o adoptar medidas protectoras para un menor en caso de que los padres conductores sean multados más de tres veces por llevar a sus hijos en el coche sin su correspondiente silla de seguridad. Dicha silla es de uso obligatorio desde el 2006.

15 de cada 100 hombres y 10 de cada 100 mujeres que se suicidan han sufrido problemas graves tras el divorcio o la separación como la alienación parental o denuncias instrumentales.

Entre 2017 y 2019, el centro superó el cien por cien de ocupación media en todo el año; en octubre de 2018 llegó a estar al 338% de la capacidad. Ahora, dice, hay muchos más chicos que las 72 plazas que tiene. Asegura que los educadores y educadoras les ayudan todo lo que pueden pero muchas veces se ven sobrepasados por la saturación. La dirección ni les llama por su nombre. "El de Hortaleza es uno de los centros más duros que hay y los chicos contaban que no tenían nada qué hacer, solo pasear por las calles.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha confirmado este martes que la administración autonómica se personará en la causa contra la agresión sexual a cinco menores tuteladas que, ha dicho, se encuentra bajo secreto de sumario. Del Arco se ha referido así a la investigación de la Policía Nacional con relación a cinco víctimas de agresión sexual, de entre 13 y 17 años, tuteladas por el Gobierno del Principado de Asturias. Doce hombres han sido detenidos por supuestos delitos de agresión sexual.

La fundación, cuya inscripción en el registro oficial ha permitido la consellera valenciana de Justicia –de Vox–, difunde el bulo de la “alienación parental” y proporciona asistencia ante las “denuncias falsas”

Las engatusaban con dinero y regalos a cambio de sexo. Doce hombres, de edades comprendidas de los 26 a los 44 años, han sido detenidos en Oviedo -los dos últimos en Madrid- por la Policía Nacional por presuntos delitos de agresión sexual «con penetración a menores, delitos relativos a la prostitución, grupo criminal y corrupción de menores». El principal investigado actualmente se encuentra en prisión preventiva. Se da la circunstancia que estas víctimas de 13 a 17 años son menores tuteladas por el Gobierno del Principado de Asturias.

El Gobierno oculta la cifra concreta para evitar el escándalo. Según el informe anual de CNDES, casi 500 niños fueron secuestrados el pasado año [...] Según un informe del ICMEC, organismo internacional, 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres, a partir de datos de numerosos países, que no incluyen a España, porque España no facilita el dato del sexo del secuestrador [...] España se ha convertido así en líder en secuestros parentales por méritos propios.

Desde que tuvo conocimiento de la situación, la Consejería de Política Social, a través de la entidad que gestiona el centro, interpuso una denuncia, en primer lugar, ante la desaparición de las menores y segundo, por posible delito de abuso sexual. Así, la Consejería ha señalado que, desde el primer momento, se aplicaron los correspondientes protocolos de actuación ante posibles situaciones de abuso sexual y se les proporcionó apoyo y atención integral de profesionales especializados en la materia.

La Comunidad de Madrid ha reducido en los últimos dos años las plazas en los pisos destinados a mujeres víctimas de violencia de género. Si en 2022 –y años anteriores– había ocho pisos y 55 plazas; en 2024, se reducen a seis pisos y a 39 plazas, tal y como recoge el proyecto de presupuestos aprobado el pasado viernes en la Asamblea de Madrid gracias a la mayoría absoluta del PP. Esta disminución no es nueva. Ya comenzó en 2023, cuando los pisos pasaron a siete y las plazas a 47.