Tanto la Sala de lo Penal como el juez Llarena descartan que la amnistía atribuida al expresident y a otros encausados sea amnistiable y descartan elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, movimiento que en todo caso podrá hacer el Constitucional.

El instructor del 'procés' da un plazo de cinco días a las partes para informar sobre la aplicación de la norma al expresidente catalán y otros tres procesados

El juez instructor de la causa del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, ha rechazado apartarse de la causa por haberse pronunciado sobre la "constitucionalidad" de una eventual ley de amnistía, tal y como había pedido el expresidente catalán Carles Puigdemont. Es la quinta vez que el líder independentista intenta expulsar al juez del procedimiento.

Todo esto sucede mientras se acerca la fase clave de la negociación entre el Gobierno en funciones y Junts con la amnistía como principal condición para que el partido de Puigdemont apoye la investidura de Sánchez. Desde el Ejecutivo, se ha puesto sobre la mesa en las últimas horas una exigencia de abandono de la vía unilateral que ni ERC ni los junteros quieren descartar. El cronómetro de la carrera que arranca ahora entre la vía judicial y la política está ya en marcha.(accesible en modo vista de lectura)

Impaciente. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha preguntado al president en el exilio Carles Puigdemont y al exconseller Toni Comín, que le "justifiquen", en un plazo de 10 días, si han presentado recurso contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que este verano les retiro la inmunidad en el Parlamento Europeo, ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y si le ha pedido su protección. Es decir, si le ha solicitado la medida cautelar de suspender el suplicatorio del juez Llarena aprobado por la cámara

Una profesora obligó a sus alumnos a abofetear y golpear a otro estudiante musulmán en el norte de la India, según un incidente capturado en un vídeo viral que ha generado este sábado una ola de indignación en el país asiático.

El TJUE dictamina que la justicia de Bélgica no puede escudarse en las acusaciones de los políticos independentistas de que no recibirán un juicio justo por parte del Supremo, sino que debe demostrarlo. Además indica que la justicia belga no puede negar las competencias del Supremo como autoridad para emitir euroordenes contra los políticos independentistas.