Jesús Gordillo, exasesor del PP de València y testigo clave del 'caso Taula', se ha desdicho de todo en su declaración en el juicio por la pieza separada A, relativa a la presunta financiación ilegal de la formación que lideraba Rita Barberá. El testigo, que aportó documentación clave para la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha alegado que un misterioso hombre le amenazó por la calle para que aportara documentación incriminatoria contra Alfonso Grau, exvicealcalde de València y su jef

El magistrado Pedro Castellano, autor de uno de los polémicos autos que libraron al equipo del PP de Valencia de Rita Barberá del juicio por blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula', ha sido designado ponente sustituto de la sentencia de Eduardo Zaplana en el 'caso Erial'. El juez conservador sustituye así a su compañero José Manuel Megía de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, recusado por uno de los abogados de las defensas, como ponente del fallo del próximo juicio al expresidente...

La Audiencia de Valencia ha dictado la primera sentencia del caso Taula. El fallo condena al exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero' a una pena de siete años y diez meses de prisión por delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la relacionada con la empresa Thematica Events.

Famoso por decir hace años que el capital “es una droga”, Marcos Benavent interpreta su nuevo papel, tras un triple salto mortal en su estrategia de defensa: el del adicto reenganchado al dinero.

Alfonso Grau, la antigua mano derecha de Rita Barberá procesado en el 'caso Taula' e investigado en el 'caso Azud', se ha salvado de la condena por un delito de blanqueo de capitales a tres años y tres meses de prisión y de una multa de 25.095 euros. Aunque no se ahorra la condena de nueve meses y un día de prisión y de dos años y un día de suspensión de empleo y cargo público por un delito continuado de cohecho, según ha sentenciado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Los relojes de lujo afloran en numerosas investigaciones por corrupción en España. Grau es un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, que ha registrado varias veces su vivienda en el marco de varios casos de corrupción que afectan al PP. Es uno de los principales investigados en el 'caso Azud' y está procesado en la pieza separada A del 'caso Taula' por la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de Rita Barberá.

El primer auto de procedimiento abreviado del caso Taula ha llegado cinco años después de su estallido. La juez apunta a Marcos Benavent, Rafael García Barat o Juan José Medina.

La familia Lladró irrumpe de rebote dentro del caso Taula, concretamente en la pieza del pitufeo, la que investiga la presunta financiación irregular del PPCV de Rita Barberá, así como el blanqueo de cerca de 50.000 euros. En un escrito, el fiscal Anticorrupción solicita ampliar la información sobre la empresa Laterne, vinculada a unos pagos de 372.000 euros hechos a la fundación municipal Turismo Valencia, en un cruce de facturas anormal a ojos de los investigadores, pues en dicho cruce aparece Lladró.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau no ha abonado la fianza de un millón de euros que el magistrado le requirió para cubrir las posibles responsabilidades civiles en caso de condena, como investigado por un delito de malversación de caudales públicos en el caso Taula. Grau dispone ahora de diez días para cubrir la fianza con sus propios bienes.

El fiscal del Caso Valmor pidió a la juez que prolongara el secreto de sumario al encontrar correos de negocios de Laterne, la sociedad que están siendo investigada en el caso Taula por la financiación ilegal del PP de València

En un duro auto, el magistrado explica que "la asesora estuvo contratada y no ha podido demostrar que hiciera nada que justificara el sueldo recibido", y que lo que se hacía en Imelsa "eran prácticas de ejercicio del poder político caciquiles y clientelistas".

Las facturas de Laterne Product Council (LPC), la empresa encargada de la campaña electoral de Rita Barberá en el año 2007, y que Valencia Plaza entregó en Fiscalía han supuesto la puntilla para la principal investigada del caso, la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, y para el que fuera número dos de Barberá Alfonso Grau, al describir el juez un 'dopaje' electoral continuado desde, al menos, 2007.

Un auditoría interna elaborada por el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a la luz transferencias de una fundación municipal por valor de más de 900.000 euros -con IVA- a una de las empresas de los recaudadores del PP de Valencia. Una Fundación vinculada a la concejalía de Ana Botella contrató con Thematica la fiesta de 'Oportunidades para el Mundo. El contrato coincide con el año de las 'mordidas' de la Mostra de Cine. Los recaudadores de Valencia facturaban con el PP de Madrid

Un informe de la Guardia Civil destaca el testimonio de José Estarlich Estela, testaferro de Marcos Benavent en una empresa 'pantalla' y yerno de un ex alcalde del PP valenciano. En su declaración como imputado, este empresario reconoció haber participado en la operativa de desvío de fondos públicos puesta en marcha por la trama.

Comisiones ocultas entre la facturación de empresas contratistas de la Administración y sociedades instrumentales que los presuntos recaudadores del PP valenciano controlaban ...

Esta Fundación de la Generalitat pagó azafatas para un Te Deum en la Catedral, servicios de catering, coctails, barbacoas para 300 personas en precampaña electoral o alquileres de coches de alta gama

El magistrado instructor de la operación Taula ha cumplido con “la orden” de la Audiencia Provincial de valencia y ha emitido un auto “echando al Ayuntamiento de Valencia de la causa”. Así, el recurso presentado por la concejal Beatriz Simón contra la posibilidad de que el consistorio actuara como acusación popular ha terminado fraguando y con el ayuntamiento fuera del caso.

Universo Selección, relacionada con Enrique Sospedra Barberá según se desprende de los audios del caso Taula, habría obtenido contratos valorados en cerca de medio millón de euros durante el mandato de la exalcaldesaLa cifra es incompleta porque en el consistorio no cuentan con datos de lo que cobró la mercantil en la Mostra de Cinema y porque la UCO investiga sociedades tapadera...

La empresa pública Impulso Económico Local SA (Imelsa) dependiente de la Diputación de Valencia se encuentra en el foco mediático desde el estallido de la Operación Taula, que investiga una presunta trama de corrupción en el citado ente y en la que se encuentra colaborando uno de los principales investigados, el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent, conocido mediáticamente como el 'yonki del dinero'.

La abogada elegida por Barberá es Rita Corbín, hija de José María Corbín, el cuñado de la exalcaldesa que está siendo investigado por la fiscalía por hablar de pegar a su mujer. El hombre, que intentaba alejar a su esposa del supuesto delito de blanqueo que los investigadores de Taula atribuyen a medio centenar de miembros del Grupo Popular, declaró a la prensa: "Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas. Ni ha dado ni se los ha pedido nadie". Unas palabras por las que luego se disculpó.

La sentencia que ha condenado al exvicealcalde de València a cuatro años y medio de prisión por la caja B de Rita Barberá concluye que las afirmaciones exculpatorias del testigo en el juicio eran "inciertas"

Los dos detenidos han ingresado en prisión de forma inmediata tras prestar declaración judicial. Los dos fueron condenados a cárcel por estafar más de 400.000 euros. El padre fue condenado a 5 años, y la madre, a 3. En el año 2010 crearon una fundación para conseguir fondos para su hija, que padecía una enfermedad rara. Tras varios años recaudando dinero se descubrió que el dinero no había sido utilizado para la cura de la niña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Dicha denuncia la llevará a cabo la abogada Zaida Fernández Toro, la misma que se niega a pactar con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

La Audiencia Provincial de Málaga ha reanudado este lunes el proceso por el caso Astapa en el que se investiga la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Estepona (Málaga), citando a los 37 procesados para que ejerzan su derecho a la última palabra y pueda dictarse sentencia.Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona crearon una caja B en el Ayuntamiento y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.

El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tomará declaración este lunes en calidad de investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Precisamente, ha trascendido que Barrabés ha recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra.

El juez peinado descubre sin querer el gran secreto de Pedro Sánchez y Begoña Gomez en la audiencia

La organización pide transponer la directiva anti SLAPP, “que castiga el uso de la justicia para amedrentar periodistas”

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles inadmitir por falta de legitimación el recurso de alzada interpuesto por 'Hazte Oír' y 'Iustitia Europa' contra el acuerdo gubernativo adoptado por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, por el que se dispuso, entre otras cosas, que Begoña Gómez pudiera acceder por el garaje a los juzgados el pasado viernes 19 de julio. La decisión de la Comisión Permanente llega después de que el hecho que impugnaban ambas acusaciones populares haya tenido lugar

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas. Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa

Hace siete años, en mitad de la tempestad por la trama Gürtel, Pedro Sánchez, líder de la oposición en ese momento, pedía la dimisión inmediata de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, por su declaración como testigo en el Caso Gürtel. Ahora, el actual líder del Ejecutivo, tendrá que declarar ante el Juez Peinado el próximo 30 de julio por la investigación contra su mujer por corrupción y tráfico de influencias.

Begoña Gómez pidió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado día 2, a 72 horas de comparecer como investigada ante el juez Peinado, la renovación de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que codirige con el profesor José Manuel Ruano desde octubre de 2020. No es la primera vez que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicita continuar con el desarrollo de la cátedra extraordinaria cuya creación propuso al rector de la UCM, Joaquín Goyache, tras llamarle a una reunión en la Moncloa, cátedra que

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón en parte al inquilino del denominado 'caso ariete' por el acceso de la Policía Nacional a la fuerza en un piso de la calle Lagasca en plena pandemia y ha determinado que la entrada carecía de "habilitación legal" al haberse realizado sin consentimiento del titular y sin autorización judicial. Relacionada old.meneame.net/m/actualidad/justicia-declara-ilegal-entrada-fuerza-pi

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este viernes que su formación, que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez', llamará al presidente, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones".

Faltan agricultores que surtan de este producto de huerta a una industria envasadora que vende todas sus existencias. Productores de este alimento con indicación geográfica protegida (IGP) y Gobierno regional buscan soluciones para ampliar la zona de cultivo actualmente restringida a siete municipios del Campo de Calatrava, en Ciudad Real

El socio del contratista, el arquitecto, el exalcalde de Aller y el asesor del Montepío coinciden en pedir el sobreseimiento por «falta de pruebas»

Después de que anulara parte de la condena por prevaricación a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, la corte de garantías desarma la sentencia del Supremo que dio un castigo ejemplar a los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos a dos expresidentes.