El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido al juzgado que lleva el caso Erial y en el que será llamado a declarar como testigo más adelante y ha mantenido ante los medios de comunicación que la verdad "es la verdad" al ser preguntado si sostiene que el caso Zaplana fue una operación del CNI.

Francisco Grau, asesor fiscal de Eduardo Zaplana, declaró este jueves en el juicio del 'caso Erial' en actitud por momentos chulesca. El fiscal Pablo Ponce le insistió en que aparece en todas las operaciones de blanqueo atribuidas al expresidente de la Generalitat Valenciana. “Esos sucesos que dice usted son estadísticamente independientes, por mucho que se empeñe”, respondió Grau en referencia a la coincidencia.

El juicio contra el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, y otras 14 personas más por el caso Erial arrancará la próxima semana, tal y como estaba previsto, pese a un problema de salud que ha padecido el abogado del 'expresident'.

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha autorizado al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana a abrir una cuenta bancaria. Zaplana, como sucede con los principales procesados en el caso Erial, tienen todas las cuentas bloqueadas desde 2018, cuando estalló el caso Erial. Una efemérides de la que se cumplen cinco años el próximo lunes.

El caso Erial ha permitido finalmente el decomiso de 5,4 millones de dineros en efectivo o en “depósitos y efectos bancarios”, 16 propiedades y 7 vehículos de alta gama a algunos de los 15 imputados y las 5 empresas investigadas, según el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 7 de octubre. Se investiga el presunto pago de mordidas en la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y la privatización de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), impulsadas durante la presidencia de la Generalitat de Eduardo Zaplana.

En el recurso, Zaplana asegura que tiene un patrimonio moderado, pone en duda algunos de los testimonios y considera que no se justifica debidamente que se haya cometido algún delito.

La última fase de la investigación ha permitido establecer la conexión de los fondos de Andorra, Luxemburgo y las comisiones ilícitas del caso Erial. En total, se trataría de unos 20 millones de euros pertenecientes a la, según la propia juez les denomina, "organización criminal" formada por estrechos colaboradores del que también fuera expresidente de la Generalitat Valenciana.

Joaquin Torres "el arquitecto de los famosos", fue uno de los testigos citados ayer en el caso Erial y confirmó ante la jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción el presunto pelotazo que dio el entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en La Finca, la urbanización de lujo de Pozuelo conocida por albergar a todo tipo de famosos. Una operación que se hizo a través de los dos supuestos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau.

En el informe de la UCO, se explica con todo lujo de detalles el sistema de repatriación de dinero desde la empresa Imisión Internacional, creada por los Cotino en Luxemburgo para el pago de las supuestas mordidas al expresidente, hasta otra empresa instrumental, Medlevante, esta a nombre de testaferros, para que la trama pudiera comprar varios inmuebles con los que dar un pelotazo urbanístico. El sumario expone, además, que pensaban, como mínimo, duplicar lo invertido.

La jueza alza el secreto de sumario del caso Erial, la investigación de las agendas de Zaplana y revela que la trama llegó a acumular 11,2 millones en Luxemburgo.

Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la sección quinta de la Audiencia ha tomado esta decisión tras un informe de la Fiscalía Anticorrupción que eleva hasta los «16.292.520 euros la cantidad abonada en cuentas bancarias en el extranjero» por Zaplana y sus colaboradores.

Las conversaciones telefónicas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los principales investigados del caso Erial, por el que está imputado Eduardo Zaplana, muestran las tensiones y las inquinas personales de la banda. Joaquín Barceló, alias Pachano, presunto testaferro del exministro y Francisco Grau, el asesor fiscal de la trama, se llevaban como el perro y el gato. Zaplana, según de desprende de los pinchazos telefónicos, intentaba mediar.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el expresident de la Generalitat Valenciana y sus colaboradores pudieron apoderarse de unos 17 millones de euros en comisiones irregulares por las adjudicaciones de la gestión de las ITV autonómicas y del plan eólico.

El levantamiento parcial del secreto de sumario de la operación Erial, que tiene como principal imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, deja constancia de la obsesión que tenía el Molt Honoratble por el dinero en efectivo. De hecho, según el sumario, se sacaron de las cuentas opacas en Uruguay y Andorra casi 3,3 millones de euros.

Juan Francisco García Gómez, que fue director del Gabinete de Presidencia de la Generalitat valenciana con Eduardo Zaplana y está implicado como él en el caso de presunto blanqueo de capitales procedentes de mordidas conocido como caso Erial, se acogió a la amnistía fiscal ofrecida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Así consta en el sumario del caso, cuyo secreto se levantó el pasado lunes.

La magistrada del 'caso Erial', María Isabel Rodríguez, ha rechazado en un auto una oferta de colaboración del expresidente valenciano Eduardo Zaplana. Según la titular del juzgado número 8 de Valencia, “no es necesaria para la investigación” la ayuda del exministro, quien se ha mostrado dispuesto a autorizar a cualquier investigador para obtener información sobre cuentas, bienes o sociedades en el extranjero. La jueza asegura que el riesgo de que se fugue a pesar de su cáncer sigue existiendo.

La magistrada instructora del caso Erial, que investiga sobornos y blanqueo de capitales, entre otros delitos, en relación con las adjudicaciones de los planes eólicos y las ITV de la Comunitat Valenciana, ha acordado el decomiso de casi siete millones de euros entre efectivo, propiedades inmobiliarias, vehículos y enseres de los diferentes imputados en la causa, entre ellos el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en prisión provisional. La jueza ha utilizado el decomiso en lugar del más habitual embargo de bienes.

Fuentes jurídicas han indicado que el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts ha abandonado las dependencias de la Guardia Civil sin que pesara ninguna medida cautelar ni citación para presentarse ante el Juzgado encargado de la investigación.

Los dos detenidos han ingresado en prisión de forma inmediata tras prestar declaración judicial. Los dos fueron condenados a cárcel por estafar más de 400.000 euros. El padre fue condenado a 5 años, y la madre, a 3. En el año 2010 crearon una fundación para conseguir fondos para su hija, que padecía una enfermedad rara. Tras varios años recaudando dinero se descubrió que el dinero no había sido utilizado para la cura de la niña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Dicha denuncia la llevará a cabo la abogada Zaida Fernández Toro, la misma que se niega a pactar con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

La Audiencia Provincial de Málaga ha reanudado este lunes el proceso por el caso Astapa en el que se investiga la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Estepona (Málaga), citando a los 37 procesados para que ejerzan su derecho a la última palabra y pueda dictarse sentencia.Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona crearon una caja B en el Ayuntamiento y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.

El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tomará declaración este lunes en calidad de investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Precisamente, ha trascendido que Barrabés ha recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra.

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El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles inadmitir por falta de legitimación el recurso de alzada interpuesto por 'Hazte Oír' y 'Iustitia Europa' contra el acuerdo gubernativo adoptado por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, por el que se dispuso, entre otras cosas, que Begoña Gómez pudiera acceder por el garaje a los juzgados el pasado viernes 19 de julio. La decisión de la Comisión Permanente llega después de que el hecho que impugnaban ambas acusaciones populares haya tenido lugar

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas. Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa

Hace siete años, en mitad de la tempestad por la trama Gürtel, Pedro Sánchez, líder de la oposición en ese momento, pedía la dimisión inmediata de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, por su declaración como testigo en el Caso Gürtel. Ahora, el actual líder del Ejecutivo, tendrá que declarar ante el Juez Peinado el próximo 30 de julio por la investigación contra su mujer por corrupción y tráfico de influencias.

Begoña Gómez pidió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado día 2, a 72 horas de comparecer como investigada ante el juez Peinado, la renovación de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que codirige con el profesor José Manuel Ruano desde octubre de 2020. No es la primera vez que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicita continuar con el desarrollo de la cátedra extraordinaria cuya creación propuso al rector de la UCM, Joaquín Goyache, tras llamarle a una reunión en la Moncloa, cátedra que

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón en parte al inquilino del denominado 'caso ariete' por el acceso de la Policía Nacional a la fuerza en un piso de la calle Lagasca en plena pandemia y ha determinado que la entrada carecía de "habilitación legal" al haberse realizado sin consentimiento del titular y sin autorización judicial. Relacionada old.meneame.net/m/actualidad/justicia-declara-ilegal-entrada-fuerza-pi

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este viernes que su formación, que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez', llamará al presidente, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones".

Faltan agricultores que surtan de este producto de huerta a una industria envasadora que vende todas sus existencias. Productores de este alimento con indicación geográfica protegida (IGP) y Gobierno regional buscan soluciones para ampliar la zona de cultivo actualmente restringida a siete municipios del Campo de Calatrava, en Ciudad Real

El socio del contratista, el arquitecto, el exalcalde de Aller y el asesor del Montepío coinciden en pedir el sobreseimiento por «falta de pruebas»

Después de que anulara parte de la condena por prevaricación a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, la corte de garantías desarma la sentencia del Supremo que dio un castigo ejemplar a los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos a dos expresidentes.