Juan Morote, exgerente de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia, reconoció que el arzobispo Carlos Osoro le exigió "ponerse a las órdenes" de Alfonso Grau, vicealcalde de Rita Barberá

El ex gerente del PSOE valenciano y hoy administrativo en el partido, Francisco Martínez, no es el único que en su declaración ante la Guardia Civil ha tirado de la manta y ha confesado la supuesta financiación irregular que se investiga en una de las piezas del caso Azud, y que ha puesto en el disparadero al ex tesorero José María Cataluña. El proveedor de una de las campañas electorales cuyos honorarios acabaron pagando diversas empresas ha reconocido que fue en la propia sede del partido donde se le pidió que falsificara las facturas.

El abogado José Luis Vera, a quien la Guardia Civil considera un «elemento nuclear» en el ‘caso Azud’, figura entre los fundadores originales de Fiadelso. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-deniega-senado-cuentas-fundacion

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desgrana en su último informe del caso Azud una serie de operativas que habrían tenido como gran beneficiario al PSPV y que, en última instancia, creen que habrían ido a financiar al partido. El periodo de las indagaciones es alrededor de 2006 y 2007. Entre las conclusiones más destacadas de la Guardia Civil se encuentra que los socialistas financiaron en B gastos de la campaña de las elecciones municipales de 2007 en València, a las cuales se presentaba como cabeza de lista Carmen Alborch

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra realizando diversos registros en la mañana de este martes en varias sedes de empresas en toda la Comunitat Valenciana por el conocido como caso Azud. Los agentes han accedido a empresas de Valencia, Castellón y Alicante por orden del juzgado de Instrucción número 13.

Los relojes de lujo afloran en numerosas investigaciones por corrupción en España. Grau es un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, que ha registrado varias veces su vivienda en el marco de varios casos de corrupción que afectan al PP. Es uno de los principales investigados en el 'caso Azud' y está procesado en la pieza separada A del 'caso Taula' por la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de Rita Barberá.

El portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, dejará su labor y su escaño la próxima semana para centrarse en la defensa del cabeza de la última trama de corrupción urbanística destapada en Valencia, el caso Azud. Mata, reconocido penalista e histórico miembro del PSPV, comunicó en la tarde ayer al presidente Ximo Puig su renuncia, que oficializará tras el pleno del próximo jueves, y hoy la ha hecho pública en el acto institucional con motivo del 25 de abril, Día de las Cortes Valencianas.

El síndic socialista ha vuelto al disparadero esta semana por ser el abogado de Jaime Febrer, el principal cabecilla de una trama nacida a la sombra del gobierno popular en el Ayuntamiento de València pero que tuvo importantes ramificaciones en su propio partido. Y Mata, que en esa época ya era portavoz del partido socialista. ¿Por qué paga ese desgaste como abogado? ¿Sólo por amor a su profesión?

El 9 de junio del 2021, a las 10.57 de la mañana, el empresario Jaime Febrer, recibió la visita de un abogado en el locutorio del centro penitenciario Antonio Asunción (Picassent), donde se encontraba en prisión provisional por su supuesto papel como corruptor en el 'caso Azud'. Y no era un abogado cualquiera, ni siquiera formaba parte del equipo de letrados que se ocupa de su defensa. Se trataba de José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá y líder de la trama de presunta corrupción masiva.

Los regalos que Jaime Febrer realizaba a políticos del PP valenciano y del PSPV y a funcionarios eran en realidad comisiones ilícitas 'vestidas' muchas veces con etiquetas de marcas de lujo. Así lo establece el sumario del caso Azud al que ha tenido acceso este periódico y que explica que, además, eran un método esencial para tener engrasada la maquinaria de sus operaciones corruptas. Anotaciones crípticas mantienen el misterio sobre algunos de los regalos realizados.

El Juzgado de Instrucción número 13 de València ha acordado la libertad con cargos para el exvicealcalde de la ciudad con el PP Alfonso Grau, investigado en el caso Azud, tras permanecer seis meses entre rejas.

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, llevará la codefensa del principal empresario investigado en el caso Azud, que indaga en una presunta trama urbanística con cobro de comisiones. “Llevo 40 años siendo socialista y abogado. En este tiempo he defendido a muchísima gente, entre ellos políticos. Se me propuso llevar la codefensa del señor Jaime Febrer”.

La titular del juzgado de Instrucción número 13 de València, que investiga el caso Azud, ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, y el exvicealcalde de València Alfonso Grau, que fue la mano derecha de la exalcaldesa popular Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016. La decisión de la magistrada, que considera a la presunta trama corrupta como grupo criminal, se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera el ingreso en prisión provisional

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, el ex vicealcalde en Valencia, del PP, Alfonso Grau, el constructor Jaime Febrer y la empresaria Mónica Montoro, detenidos en el marco del caso Azud que investiga el cobro de supuestas mordidas por favores inmobiliarios. El juzgado número 13, que instruye la causa, los investiga por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue, sin prisa pero sin pausa, haciendo registros y recabando información del caso Azud, que mantiene en prisión provisional a José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, por cobrar presuntas ‘mordidas’ de empresas adjudicatarias de contratos municipales. Su último registro fue este jueves en la sede municipal de la antigua fábrica de Tabacalera.

José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa de València Rita Barberá y principal imputado de la operación Azud, presuntamente creó su propia Gürtel para lucrarse personalmente. Según fuentes conocedoras del caso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga al cuñado de Barberá por, entre otros delitos, crear facturas falsas que justificaran las mordidas que supuestamente le pagaron varios empresarios contratistas del consistorio valenciano entre los años 2006 y 2015.

La jueza del caso Azud envió este jueves a prisión al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad documental. La justificación del ingreso en prisión es el riesgo de destrucción de pruebas.

Los dos detenidos han ingresado en prisión de forma inmediata tras prestar declaración judicial. Los dos fueron condenados a cárcel por estafar más de 400.000 euros. El padre fue condenado a 5 años, y la madre, a 3. En el año 2010 crearon una fundación para conseguir fondos para su hija, que padecía una enfermedad rara. Tras varios años recaudando dinero se descubrió que el dinero no había sido utilizado para la cura de la niña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Dicha denuncia la llevará a cabo la abogada Zaida Fernández Toro, la misma que se niega a pactar con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

La Audiencia Provincial de Málaga ha reanudado este lunes el proceso por el caso Astapa en el que se investiga la corrupción urbanística en el ayuntamiento de Estepona (Málaga), citando a los 37 procesados para que ejerzan su derecho a la última palabra y pueda dictarse sentencia.Anticorrupción mantiene que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido de Estepona crearon una caja B en el Ayuntamiento y aumentaron el gasto público, para beneficio propio o de los partidos.

El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tomará declaración este lunes en calidad de investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. Precisamente, ha trascendido que Barrabés ha recurrido su imputación ante el juez, y por tanto su citación, alegando que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra.

El juez peinado descubre sin querer el gran secreto de Pedro Sánchez y Begoña Gomez en la audiencia

La organización pide transponer la directiva anti SLAPP, “que castiga el uso de la justicia para amedrentar periodistas”

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles inadmitir por falta de legitimación el recurso de alzada interpuesto por 'Hazte Oír' y 'Iustitia Europa' contra el acuerdo gubernativo adoptado por la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, por el que se dispuso, entre otras cosas, que Begoña Gómez pudiera acceder por el garaje a los juzgados el pasado viernes 19 de julio. La decisión de la Comisión Permanente llega después de que el hecho que impugnaban ambas acusaciones populares haya tenido lugar

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado otra providencia este mismo lunes en la que acuerda imputar al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, a quien cita el próximo 29 de julio a declarar, y que ya prestó declaración como testigo hace unas semanas. Es la segunda vez que el juez cambia la situación procesal de un testigo en esta causa: ya lo hizo el pasado viernes cuando acordó investigar a Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de varios contratos que centran la causa

Hace siete años, en mitad de la tempestad por la trama Gürtel, Pedro Sánchez, líder de la oposición en ese momento, pedía la dimisión inmediata de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, por su declaración como testigo en el Caso Gürtel. Ahora, el actual líder del Ejecutivo, tendrá que declarar ante el Juez Peinado el próximo 30 de julio por la investigación contra su mujer por corrupción y tráfico de influencias.

Begoña Gómez pidió a la Universidad Complutense de Madrid el pasado día 2, a 72 horas de comparecer como investigada ante el juez Peinado, la renovación de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva que codirige con el profesor José Manuel Ruano desde octubre de 2020. No es la primera vez que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicita continuar con el desarrollo de la cátedra extraordinaria cuya creación propuso al rector de la UCM, Joaquín Goyache, tras llamarle a una reunión en la Moncloa, cátedra que

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón en parte al inquilino del denominado 'caso ariete' por el acceso de la Policía Nacional a la fuerza en un piso de la calle Lagasca en plena pandemia y ha determinado que la entrada carecía de "habilitación legal" al haberse realizado sin consentimiento del titular y sin autorización judicial. Relacionada old.meneame.net/m/actualidad/justicia-declara-ilegal-entrada-fuerza-pi

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este viernes que su formación, que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez', llamará al presidente, Pedro Sánchez, a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones".

Faltan agricultores que surtan de este producto de huerta a una industria envasadora que vende todas sus existencias. Productores de este alimento con indicación geográfica protegida (IGP) y Gobierno regional buscan soluciones para ampliar la zona de cultivo actualmente restringida a siete municipios del Campo de Calatrava, en Ciudad Real

El socio del contratista, el arquitecto, el exalcalde de Aller y el asesor del Montepío coinciden en pedir el sobreseimiento por «falta de pruebas»

Después de que anulara parte de la condena por prevaricación a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, la corte de garantías desarma la sentencia del Supremo que dio un castigo ejemplar a los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos a dos expresidentes.