“El aeropuerto Internacional de la Región de Murcia no costará ni un euro a los murcianos”, son palabras que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo en 2020 tras conocer que Sacyr, con la sociedad Aeromur, debía indemnizar a la Comunidad por los 182 millones de euros que perdió tras no ponerse en marcha el aeropuerto una vez construido. Sus declaraciones vuelven hoy a resonar con fuerza tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular la indemnización porque se pidió fuera de plazo.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 250.000 euros que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso en 2019 a la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) por usar el micrófono de los móviles que tenían instalada su aplicación para espiar bares y comprobar si pirateaban la retransmisión de partidos. La app permitía detectar explotaciones fraudulentas de contenidos audiovisuales de competiciones de fútbol organizadas por LaLiga comercializados en establecimientos públicos que usaban una señal ilícita de los partidos.

Análisis con un tono de humor que desgrana lo que dice el informe sobre cada una de las acusaciones de Manos Limpias que investigó la UCO.

La jueza instructora ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a volver a registrar el despacho del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz este jueves tras detectar “errores informáticos” en el volcado de los correos electrónicos de la cuenta corporativa del investigado, lo que provoca que existan “espacios temporales amparados por el mandamiento judicial que no muestran contenido”.

La Sala de lo Civil del TS ha dejado sin efecto el régimen de llamadas, estancia y visitas supervisadas del progenitor a los chicos, de catorce y siete años de edad, en un punto de encuentro familiar, fijadas de oficio por la Sección Segunda de la AP, y hasta que no se produzcan cambios en la aptitud y comportamientos del demandado que permitan revistar la comunicación.

Un exalto cargo del Ministerio de Transportes recibió un documento que buscaba sentar a la líder del PP en el banquillo por presunto cohecho continuado pasivo

Los diputados formalizaron la denuncia el pasado martes junto a dos asesores de Vox después de que el día previo se percataran del aparato con apariencia de bolígrafo que estaban utilizando para grabarlos. El objeto les pareció extraño, lo que llevó a Palacio a cogerlo e intentar usarlo, pero al presionarlo no hacía nada. Entonces lo desmontó y se dieron cuenta de su verdadera función.

La UCO apuntala la investigación contra Ana Millán. Afirma que tuvo un papel “activo” en las adjudicaciones irregulares a una empresa que al mismo tiempo contrató a su pareja sentimental y a su hermana, y le abonaba la hipoteca del ático que posee la también vicesecretaria de organización del PP de Madrid. El informe de la Guardia Civil, que avanza la Cadena SER, ha sido clave para que una juez de Navalcarnero pida que se impute a Ana Millán por cuatro delitos relacionados con la corrupción

Un juez anuló la condena de una mujer de Missouri que era paciente psiquiátrica cuando se incriminó en un asesinato en 1980 que, según sus abogados, en realidad fue cometido por un oficial de policía ahora desacreditado. El juez Ryan Horsman dictaminó el viernes por la noche que Sandra Hemme, que ha pasado 43 años tras las rejas, había establecido pruebas de inocencia real y debía ser liberada en un plazo de 30 días a menos que los fiscales la volvieran a juzgar. Dijo que su abogado litigante fue ineficaz y que los fiscales no revelaron prueba

El PSOE ha formulado un incidente de nulidad en el que pide anular de forma cautelarísima la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid. En un escrito ante el TSJ de Madrid, el PSOE pide anular la sentencia de este tribunal, que es firme y ante la que no cabe interponer recurso, con el argumento de que los rezos los días 8 y 9 de junio frente a Ferraz son un acto político y que este partido debería haber sido informado y considerado parte en el proceso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto este jueves en duda el informe redactado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y que exonera a la esposa de Pedro Sánchez de los delitos que le atribuye el juez Peinado. “Aquél informe de la UCO no era tal, estaba recortado y fue una filtración no sabemos de quién”, ha dicho.

El ministro asegura que los populares "aún tienen en su ADN la policía patriótica que crearon". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pida disculpas por las "dudas" vertidas sobre el informe de la UCO del caso de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez y que ha calificado de "despropósito".

El denunciado por prevaricación e investigado por la Fiscalía Europea Javier Ureña, contestó a las preguntas de Mercedes González sobre el contrato de 2.6 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol reclamó y que los populares de Marga Prohens dejaron caducar. El chaval "no sabía lo que firmaba", no distingue entre plazos de 3 u 8 meses, no se entera de lo que sentencia la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo...un auténtico pepero pura cepa.

Fue la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que advirtió al titular del Juzgado número 41 de Madrid -- a cargo de las diligencias contra Begoña Gómez-- de que se había producido una filtración importante. La causa permanecía secreta, así que el acceso a los archivos era restringido al Ministerio del Interior, el propio juez Juan Carlos Peinado y el fiscal del caso.

El Ayuntamiento de Madrid, a cargo de José Luis Martínez-Almeida, contrató en más de una ocasión a las empresas de Juan Carlos Barrabés, uno de los señalados por el Partido Popular en el caso judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Para ser más exactos, el montante de estas adjudicaciones asciende a cerca de 2,5 millones de euros, sin IVA.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha efectuado esta mañana un registro de aproximadamente tres horas en la sede de Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la investigación por el caso Begoña Gómez. Los agentes han intentado recabar información sobre posibles expedientes otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés. Tiene que ver esta operación de la UCO con la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil aseguran que el exasesor Koldo García Izaguirre mantenía informado a José Luis Ábalos de "los pormenores" de las actividades de la empresa de la trama Soluciones de Gestión SL, según especifica un informe dirigido al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Además, el dosier policial pone de manifiesto que la toma de decisiones relativas a la contratación de las mascarillas fue llevada "a cabo por elevados niveles de decisión dentro del Ministerio de Transportes".