Esta legislación, impulsada por el Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero, pretende abordar el problema de la violencia sexual. Con un total de 69 páginas, el borrador contempla modificaciones en el Código Penal, pero también medidas para prevenir las violencias sexuales, medidas para reparar económicamente a las víctimas o medidas para formar a los profesionales de diferentes ámbitos —sanitario, policial, forense, judicial, entre otros—.