Lo que mal empieza, mal acaba y la ley de vivienda, que empezó condicionando los Presupuestos Generales del Estado, ha terminado sin el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. De esta forma, la ley no podrá aprobarse en Consejo de Ministros esta semana, tal y como había anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta del vocal, Álvaro Cuesta, fue rechazada y el pleno extraordinario avaló las enmiendas del consejero a propuesta del PNV, Enrique Lucas, que censuran el intervencionismo del Estado en materia de vivienda.

Una nueva propuesta se volverá a votar el próximo 27 de enero. La decisión retrasa aún más la aprobación en el Consejo de Ministros de la norma que permite poner tope a ciertos alquileres.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, han acordado rechazarlo y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero

El rechazo de los socialistas y las derechas impide el inicio de la tramitación de la norma elaborada por la PAH, el Sindicato de Inquilinas, CCOO y UGT, y que contaba con más de 120 adhesiones de entidades sociales. El grupo confederal confía en la negociación del anteproyecto del Gobierno

La consigna de Casado para no aplicar la regulación de los alquileres impedirá que los ciudadanos de Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia puedan disfrutar de beneficios fiscales. 21,8 millones de españoles, el 46,1% de la población total, se quedarán así al margen de las principales medidas de control del alquiler que contempla la ley. No solo de la limitación del precio en las zonas tensionadas, sino también de los beneficios fiscales de hasta el 90% previsto para los arrendadores.

Las bonificaciones fiscales por hasta el 90% del alquiler en la nueva ley de vivienda solo podrán aplicarse en las CCAA que acepten aplicar el control de precios a los fondos. El resultado es que aquellas comunidades que rechacen declarar una zona tensionada, por estar en contra de la idea de obligar a los grandes tenedores a bajar los precios, se encontrarán con que estarán impidiendo a los particulares y pequeños propietarios, que representan el 85% del mercado del alquiler, poder acogerse a los incentivos fiscales previstos.

Entienden que el objetivo es que la capitalicen los ministerios socialistas, a pesar de que la nueva titular de Transporte se incorporó a las negociaciones sobre esta ley entre PSOE y Unidas Podemos cuando ya estaban avanzadas y que desbloquearon en su recta final el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. El anteproyecto de la ley de vivienda lleva las firmas de la ministra de Transportes y de la de Derechos Sociales.

El anteproyecto de la norma señala que las rebajas de renta a los grandes caseros solo se aplicarán en nuevos contratos y abre la puerta a recargar fiscalmente las segundas residencias si no se usan en cuatro años

El 27 de octubre de 2020, PSOE y Unidas Podemos anunciaron un acuerdo para diseñar una ley de vivienda que regulase los alquileres. Y este martes 26, prácticamente un año después, el Gobierno aprobará el inicio de la tramitación de una norma que ambos partidos han tardado en negociar mucho más que el plazo de cuatro meses que se dieron, y que incluirá un mecanismo de regulación de los alquileres cuya aplicación dependerá de las comunidades.

La futura ley de vivienda regulará los desahucios para ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables. Una de las medidas del texto legislativo que, al contrario que la regulación de alquileres o la subida del IBI a las viviendas vacías, no quedará en manos de las comunidades autónomas o los municipios la decisión sobre su aplicación. La previsión del Gobierno es llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros del próximo martes, aunque se prevé una tramitación parlamentaria larga. Es por este motivo ...

La nueva ley de Vivienda tumbará una de las medidas estrella del urbanismo de Barcelona: la obligación de destinar el 30% de los pisos de las nuevas promociones que se construyan en la trama urbana a vivienda social a costa de los promotores. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez explicaron que el borrador de la nueva ley permitirá a los ayuntamientos que lo deseen exigir esta reserva de suelo a los promotores, pero les obligará a compensarles económicamente por la edificación perdida...

“Sus declaraciones no hacen más que demostrar el gran desconocimiento que tiene de la realidad”, asegura la vicepresidenta en referencia a la frase que dijo el líder del PP asegurando que quien tiene trabajo puede acceder a una vivienda. “Parece que vive en un planeta ajeno”. ″¿El señor Casado va a decir que no a un parque de viviendas público? ¿Va a gobernar contra una mayoría social? Si lo hace ostentará el liderazgo de la oposición en el mejor de los casos, pero no gobernará nunca”.

Bluf, según el DRAE, archienemigo público número uno de la lengua, es una «operación propagandística preparada para presentar con ostentación a una persona o cosa que no cumple las expectativas prometidas». Bluf. Tras unas, presumiblemente, duras negociaciones, Unidas Podemos sacó desde su minoría parlamentaria y su pequeña representación en el Consejo de Ministros, según dicen, los higadillos a su todopoderoso socio, el PSOE. Los higadillos: han llegado a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos tras debatir el último escollo, la Ley de

El Gobierno de coalición ha acordado reducir las exenciones que pueden apuntarse las Entidades de Alquiler de Vivienda del actual 85% hasta el 40% . De esta forma, estos grandes tenedores de viviendas sufragarán las medidas previstas en la futura Ley para reducir la carga fiscal de los pequeños propietarios, según indican fuentes de Unidas Podemos. Además, tendrán limitado el precio de alquiler por ley.

El objetivo del Gobierno con la Ley de vivienda es, por un lado, frenar el alza de los precios del alquiler en determinadas zonas de ciudades como Madrid o Barcelona, donde se ha convertido en casi un lujo residir en ellas. Poner un tope, rebajar o fijar la renta que un inquilino debe pagar a su casero es una medida que se ha adoptado en países como Alemania y Francia o en el estado de California (EE UU).

Begoña, 43 años, licenciada en Derecho por el CEU. Posee seis viviendas, cuatro de ellas en Madrid, según el portal de transparencia de su propio Ayuntamiento. Su madre, Marisol Sánchez Alonso, gestiona decenas de inmuebles en las zonas tensionadas de Madrid. Gran parte del patrimonio de madre e hija se sustenta en bienes inmuebles. Villacís, probablemente, nunca ha tenido que alquilar un piso en la ciudad en la que ahora gobierna, bajo las alas de Vox, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, esa presidenta de la Comunidad a la que su a

En España hay 290.758 propietarios con más de 10 inmuebles en su cartera, de los cuales el 48,81% están en las comunidades gobernadas por el PP, que rechaza aplicar en sus territorios la nueva Ley de Vivienda. La aplicación de la norma dependerá en buena medida de las autonomías, que tienen transferidas las competencias en vivienda.

La concesión por parte de Moncloa a Unidas Podemos de la regulación legal del control de precios sobre los alquileres en zonas especialmente tensionadas - a la que se había resistido durante meses - para cerrar al fin el acuerdo en torno al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha desencadenado un terremoto de consecuencias imprevisibles en el sector inmobiliario. El alboroto y las acusaciones de intervencionismo desatadas nada más conocerse las condiciones del acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos han obligado...

El presidente de la Xunta avisa: «Los acuerdos que tenga el Gobierno para mantenerse de pie no nos vinculan».

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y no la aplicarán en sus comunidades autónomas. A su entender, "este intervencionismo es suicida" y demuestra que España tiene "el Gobierno más radical de la Unión Europea".

Pocas horas han tardado desde los partidos de derecha en revolverse contra la nueva Ley de Vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos. Tanto PP como Cs ya han anunciado que boicotearán la reforma en los territorios que gobiernan. Además, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha avanzado en El Programa de AR (Telecinco), que llevará la ley al Tribunal Constitucional, siguiendo una estrategia recurrente en los populares.

España se incorporará al listado de países europeos que regulan las rentas y que lo hará de manera diferente en función de si el propietario de la vivienda es una empresa con más de 10 inmuebles o un particular. También se diferenciará entre las áreas denominadas tensionadas y el resto. Y se avanzará en la vía del castigo fiscal a quienes tengan pisos desocupados. Estas son las claves para entender la nueva regulación

La ley de vivienda que ha desbloqueado el acuerdo de Presupuestos tiene dos patas fundamentales: el acuerdo incluye que se les pueda subir el IBI hasta el 150% a las viviendas no ocupadas para que los caseros no las tengan vacías y, lo fundamental, normas de control de precios para limitar el precio de los alquileres en las zonas en las que los precios están disparados. Ambas quedan en manos ajenas a las del Gobierno.

La Comunidad de Madrid utilizará sus competencias para no aplicar las rebajas de precios de la nueva norma y estudiará reformas 'extra' frente a una medida que, dicen, "no tiene cabida en la democracia".

La situación del mercado inmobiliario en España ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, afectando la forma en que las diferentes generaciones acceden a la vivienda. Un informe reciente titulado «Cuatro generaciones, una vivienda» revela datos preocupantes sobre la dificultad de los jóvenes para adquirir una vivienda y cómo las preferencias y posibilidades de compra han evolucionado con el tiempo.

María Muñoz Ladrón tiene 88 años y es vecina del barrio gaditano de El Pópulo desde antes de la llegada de la democracia. La octogenaria lleva 57 años residiendo en el mismo hogar, del que paga rigurosamente y mes tras mes una renta antigua. Sin embargo, la avaricia de la propietaria del edificio iba a dejarla en la calle el próximo 26 de junio, día en el que la vivienda pasaría a ser de uso turístico. Sin embargo, un actor inesperado entraba en la ecuación, a modo de salvador: el Cádiz CF.

Belarra señala que Blackstone o CaixaBank, los dos mayores caseros del país con más de 40.000 casas alquiladas, tienen como único fin "la especulación"

Entre los administradores de esta web y yo tenemos la coñita recurrente de que deberíamos crear una sección nueva en el podcast que se llamara «los videojuegos son fachas» en la que yo desgranase por qué prácticamente todos ellos lo son, porque están desarollados dentro de un marco mental que a todos nos resulta inescapable.

La Fundación Cádiz Club de Fútbol ha solucionado el problema que desde hace años acuciaba a María Muñoz, una vecina de Cádiz de 88 años que iba a ser desahuciada de su vivienda el próximo 27 de junio, ya que ha comprado el piso para que la mujer pase en él el resto de su vida.

El carácter de urgencia para el debate, aprobado por la mayoría conservadora de la Cámara Baja, permitirá que el proyecto tramite con más celeridad y llegue directamente al pleno de los diputados. En Brasil, según las normas actuales, el aborto es legal solo en casos de violación, riesgo de muerte para la madre o anencefalia del feto, aunque la derecha y las influyentes iglesias evangelistas bregan en el Parlamento para endurecer esas condiciones. Según el proyecto del diputado Cavalcante, en caso de que un aborto sea realizado pasadas las 22

En Argentina, el Gobierno de Javier Milei logró ayer que se aprobase en el Senado una ley fundamental para este gabinete, la ley de 'Bases y Puntos de Partida

La auxiliar de enfermería Sonia Sancho se marcha de la isla al no encontrar un piso donde vivir. Ella se ha visto "obligada a hacer las maletas y marcharse de la isla" porque no encuentra una vivienda en la que "ver crecer a su hijo de siete meses", pese a tener una plaza fija en el Hospital Can Misses y un suelo de 1.800 euros netos al mes.

A partir de agosto, para intensificar la vigilancia...