Madrid, 18 may (.).- Unos 400 empleados públicos de la Comunidad de Madrid, según la Delegación del Gobierno, convocados por CCOO, CSIT Unión Profesional y UGT, se han manifestado este miércoles en la capital española para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la recuperación de la semana laboral de 35 horas semanales en la Administración madrileña.

Luis Calero, portavoz de Comisiones Obreras, critica el "alarde de clasismo y ninguneo" que se tiene desde el Ministerio de Justicia hacia un cuerpo de funcionarios que constituye "el 93% de la plantilla de los juzgados". "Somos los que sacamos adelante el trabajo", defiende.

Un comediante chino canceló todas sus presentaciones después de que una broma que hizo con una vaga referencia al Ejército del país provocó la ira de las autoridades y una investigación oficial sobre la compañía que lo representa. La controversia subraya la delicada línea que los comediantes deben pisar en una China altamente censurada, un país donde la política rara vez es motivo de risa. Li Haoshi llamó la atención de las autoridades después de usar una frase asociada con el Ejército Popular de Liberación (EPL) mientras contaba una historia…

Miguel Borra, presidente del CSIF, no se explica que UGT y CCOO negocien mejores condiciones para el sector público que para el privado: "nos llama la atención que son los mismos sindicatos que aceptaron un acuerdo con condiciones mucho peores para los empleados públicos", y reclaman al Gobierno reabrir la negociación: "exigimos a nuestra patronal que no nos trate peor que la patronal privada a los trabajadores de la privada".

UGT, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y CCOO han convocado movilizaciones los días 9, 11 y 18 de mayo en todas las Administraciones Públicas que dependen del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Diaz Ayuso. Exigen recuperar la jornada de 35 horas que fue arrebatada hace más de una década.

Un total de 13.581 trabajadores de la Generalitat estaban convocados este sábado a las pruebas. Se ha citado incidencias como el uso de móviles para buscar respuestas o para hablar con otros aspirantes, ausencias de vigilancia en el aula en algunos momentos, o algunos exámenes que comenzaron más tarde de lo previsto o bien que algunos opositores comenzaron antes que otros.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere mejorar la atención que reciben los ciudadanos que acuden al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Para ello, en lugar de reforzar todavía más las plantillas, como demandan los sindicatos, ha propuesto a los funcionarios que realicen horas extraordinarias....el Ministerio ofrece compensar a los trabajadores que acepten la propuesta con una remuneración de 21 euros por hora adicional de trabajo.

El accidente se produjo cuando el detenido realizaba el embargue de un vuelo que salía de Santiago y la compañía le reclamó un suplemento que él y su pareja se negaron a abonar. El cargo elevó el tono con las trabajadoras de la compañía, que optaron por llamar a la Policía Nacional. Un agente que estaba de servicio en el aeropuerto se personó allí y le pidió que se identificase.El Ministerio de Igualdad ha asegurado que no tenía conocimiento de este incidente y que, en todo caso, se trata de un funcionario de carrera y no de un alto cargo

Según algunos informes, una persona que cuenta con la formación y las competencias tecnológicas puede llegar a cobrar un 42% más que la media del resto de trabajadores. Pese a ser uno de los perfiles más buscados y mejor pagados, algunos ingenieros informáticos y de telecomunicaciones prefieren hacer carrera en el sector público, presentándose a unas oposiciones y acabando como funcionarios. Hemos hablado con cuatro de ellos para que nos cuenten por qué decidieron hacerse funcionarios.

Entre enero de 2019 y enero de 2023, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ha abonado 1,3 millones de euros en concepto de “complementos salariales de compensación” que perciben 34 altos cargos por su condición de funcionarios, según un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta, al que ha tenido acceso este periódico.

El récord de ingresos de las Administraciones Pública en 2022 no se ha empleado para dar un tijeretazo al déficit público ni para reducir la deuda que encorseta el futuro de la economía, sino para aumentar el gasto y en particular el coste de las nóminas de funcionarios y políticos pese a las recomendaciones de Bruselas de no elevar el gasto presupuestario estructural.

Fue en el tercer trimestre del año 2022 cuando la cantidad de asalariados de la Administración se desbordó por completo rompiendo la cota de los 3,5 millones. A cierre de 2022, el empleo público continuó por encima de esta escalofriante barrera. En concreto, España pasó de tener en nómina a 3.506.200 funcionarios a sufragar 3.526.200 tres meses después. Otra cifra nunca vista.

Dos meses le costó al Ministerio de Justicia poner fin a la huelga de los letrados judiciales, pero no ha tardado ni dos semanas en encontrarse con otro anuncio de paro en su sector, esta vez impulsada por los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del departamento de Pilar Llop, que reclaman subidas salariales semejantes a las concedidas a los letrados.

Las restricciones en Rusia se endurecen a medida que en el Kremlin se acrecienta el descontrol de las operaciones militares en Ucrania y tratan de combatir la disidencia de los suyos. Este lunes, el diario Financial Times aseguró que el régimen de Vladimir Putin estaría retirando los pasaportes a altos funcionarios y ejecutivos de empresas estatales para limitar sus viajes al extranjero por temor a disidencias y filtraciones de información.

Se llama administración general del estado, pero podría llamarse administración general de Madrid.

En la última década, 97 policías nacionales han sido expulsados del cuerpo tras cometer faltas muy graves que se encuentran plasmadas en su régimen disciplinario. Algunas de ellas son de tal magnitud que llevan aparejada la sanción más dura, como es en el caso de agentes con condenas penales por homicidio doloso, violación, tortura, narcotráfico o trata de blancas.

La presidenta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso (EPA), María Concepción Rodríguez Fariña, y el socio director del despacho Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas. El pronunciamiento del CE llega después de que el Defensor del Pueblo Europeo iniciara una investigación tras admitir a trámite una reclamación de EPA.

Este funcionario tuvo en 2022, según señalaba ese auto del Juzgado, entradas en sus cuentas por casi tres millones de euros, además de poseer un cuenta en un banco de Luxemburgo y operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros. También la juez apunta donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importe de 775.000 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves en segunda vuelta el anteproyecto de la Ley de la Función de la Administración del Estado, también conocida como la Ley de Función Pública. El Gobierno ha dado marcha atrás, tras atender más de mil aportaciones de 400 participantes, a uno de los puntos más polémicos de los primeros borradores de la norma: que los empleados perdieran la condición de funcionarios públicos por falta de buen desempeño en el puesto.