Las intervenciones telefónicas son sin duda un elemento relevante de muchas investigaciones policiales, a veces incluso son la base que sirve para acreditar los indicios criminales. En el caso del brote de listeriosis detectados en los productos comercializados por la empresa sevillana Magrudis, la Guardia Civil mantuvo pinchados durante 21 días, entre el 4 y el 25 de septiembre, los teléfonos del dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y de su hijo Sandro José.

El juez García Castellón y la Fiscalía apuntan a que Susana García Cereceda, Francisco Peñalver y David Fernández Aumente -presidenta, consejero delegado y asesor externo de Seguridad del grupo inmobiliario Procisa-, propietarios de la urbanización de lujo y parque empresarial La Finca (Madrid), contrataron al comisario José Villarejo, entonces en activo, para influir en la justicia por un pleito de 34 millones de euros que haría quebrar la empresa.

Un pinchazo telefónico al dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, revela que tenía conocimiento del brote de listeriosis en sus instalaciones y que, como eran "muy pocos kilos, los tiró". Así lo asegura la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, en el auto en el que ha acordado el ingreso en prisión de José Antonio Marín Ponce y de su hijo Sandro José Marín Rodríguez, donde la magistrada explica que tenían conocimiento “tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”.

En Andalucía se está viviendo una gran paradoja. Javier Imbroda, consejero de Educación del gobierno andaluz formado por Partido Popular y Ciudadanos es el propietario de una empresa privada con amplios intereses en el sector educativo: Instituto MEDAC.

Analizamos a quién pertenecen los caminos, los ríos, las playas y el espacio aéreo que conforman España. La titularidad de gran parte de latifundios figura a nombre de sociedades mercantiles,que es la única titularidad que aumenta. En una década,el sector público se ha deshecho de un 28,91% de la tierra. El proceso de privatización en los entornos de los parques naturales se ha visto de manera sangrante en lugares como Doñana,donde aún sigue pendiente el caso del almacén subterráneo de Gas Natural o la concesión de minas como Aznalcóllar..