Montes, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, ve necesaria una nueva legislación que amplíe derechos hacia la eutanasia. El caso de Andrea, enferma terminal de 12 años, ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de legislar sobre esta materia a nivel estatal. La decisión del servicio de pediatría del Hospital de Santiago de Compostela de mantener artificialmente con vida a la niña, no solo va en contra del consentimiento de sus padres, sino que también choca con el dictamen del comité de bioética del centro hospitalario.