A pesar de las acusaciones y la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el caso fue archivado, no encontrando indicios de irregularidades. Sin embargo, pese a que se dio carpetazo a esta polémica, el tema ha vuelto a la actualidad después de que este martes la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitaria en pandemia -que echará a andar el próximo lunes- haya solicitado tanto a Room Mate, como a Enrique Sarasola todos los contratos de este proceso

Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia que alerta, además, de que entidades, que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia (2009-2022) llegaron a gestionar más del 15% del presupuesto autonómico, usaron los contratos menores de manera irregular. El Consello de Contas de Galicia alerta de que el 46% de los expedientes de licitación abierta de ese año incluyeron criterios de adjudicación susceptibles de anulación y que la mitad de esos entes usó los contratos menores de forma irregular.

El Concello de Ferrol ha dado marcha atrás en su decisión de redactar «exclusivamente» en castellano todos los contratos que licite y deban ser publicados para su adjudicación. Tras conocerse el contenido de la instrucción municipal en la que, por razones de agilidad administrativa y para reducir los plazos, se establecía esa medida, el gobierno local ha rectificado y garantiza ahora que también se traducirán al gallego.

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso está pagando facturas recientes y antiguas a proveedores con un sistema excepcional, las llamadas “convalidaciones de gasto”, a un nivel no conocido en otras autonomías. Entre 2020 y 2023 Ayuso pagó bajo esta fórmula al menos 2.004 millones de euros, gran parte de ellos a las empresas de sanidad privada que prestan servicios en la pública a través de los hospitales y servicios concertados. Solo la Administración General del Estado alcanza cifras totales similares a las de Madrid...

Desde 2019 la Consejería de Sanidad no se reunía con el Grupo Quirón Salud, principal pagador del novio de la presidenta, pero en noviembre de 2023 celebró una reunión sobre cuyo contenido ahora se niega a informar en la Asamblea de Madrid.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes por unanimidad la impugnación de la iniciativa legislativa popular (ILP) que se debate en el Parlamento catalán y que pide declarar la independencia de Cataluña. Al haber sido recurrida por el Gobierno, el órgano de garantías ha procedido a la suspensión de la iniciativa.

La Comunidad de Madrid y el PP maniobran para intentar desmontar lo que la ministra de Sanidad, Mónica García, describe como un “triángulo amoroso” formado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso; su pareja, Alberto González Amador; y el grupo sanitario Quirón, que recibe miles de millones de la Administración y a su vez es el principal cliente de la empresa del comisionista.

La filial de Quirón obtuvo 1,8 millones en contratos entre 2017 y 2020. Desde que González Amador inició su relación con la presidenta, la empresa sanitaria recibió casi 3 millones entre adjudicaciones y prórrogas. A medida que fueron creciendo los contratos entre Quirón Prevención y la Comunidad de Madrid, González Amador ha multiplicado por cuatro los ingresos que recibe de la filial de Quirón.

En la carta de la sanción le comunican al trabajador que estará 3 días sin cobrar tras cometer una falta grave. Y sí, argumentan que ha incumplido una de las normas del VI Acuerdo Laboral Estatal para el sector de Hostelería.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, elegido a su vez por el PP como representante del partido en la comisión de mascarillas, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia. La prórroga para ampliar la investigación que afecta a Bendodo hasta este mes de mayo se firmó el pasado diciembre.

La empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Alberto Núñez Feijóo a la que la Xunta adjudicó contratos por 19,2 millones de euros entre 2020 y 2023 por los servicios de call center, información telefónica sobre el covid y rastreo de casos durante la crisis sanitaria, pagó 1,16 millones de euros anuales en salarios los trabajadores y trabajadoras a los que destinó a cubrir esas tareas. Rel: www.meneame.net/story/empresa-cunado-feijoo-gano-oferta-mas-cara-otro-

Denuncian que la Xunta de Galicia miente sobre la cantidad de contratos que firmó con la empresa Sibucu 360 durante la pandemia, resucitando las dudas sobre la transparencia del proceso entre las partes. Fuentes consultadas lamentan que la administración gallega cerró acuerdos antes de lo indicado, mientras la Xunta y la firma defienden que el proceso entre las partes fue transparente

Le impone también no volver a delinquir en una década, al tiempo que destaca que no ha cometido nuevos delitos en los últimos diez años, teniendo actualmente todas las penas cumplidas o prescritas

Es el 77% del presupuesto anual de la Xunta para sanidad, más de tres veces lo que se gasta al año en políticas sociales o algo más del 30% del dinero del que dispone en cada ejercicio. Desde 2018 hasta 2023, el Gobierno gallego, dirigido por el Partido Popular ha gastado 4.000 millones de euros en contratos sin concurso público, en licitaciones menores. Es decir, en contratos a dedo de hasta 15.000 euros para servicios y de hasta 40.000 euros para obras, que son los máximos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para que un en

El PP ha registrado este viernes en el Parlamento su escrito de “oposición a dicha comisión”, como ya lo hizo meses atrás cuando la propuso Adelante Andalucía. Los populares, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento, bloquean la investigación sobre la contratación de emergencia de la Junta en el Parlamento andaluz la misma semana en la que el Congreso aprueba por mayoría -y con la abstención del PP- una investigación sobre la compra de mascarillas por parte de todas las administraciones públicas durante la pandemia.

Más Madrid denuncia que la Mesa de la Asamblea de Madrid está rechazando, "sin motivo", todas las preguntas destinadas para ser respondidas tanto en el Pleno como en la Comisión de Sanidad acerca de todos los asuntos que tienen que ver con QuirónSalud.“Hay una opacidad histórica del convenio con Quirón, que ha tenido un fuerte trato de favor durante todos estos años mientras se deterioraba a propósito la sanidad madrileña"