"No es una empresa mía. Es una empresa que he heredado muerta, que estaba ya subastada" declaró Ayuso sobre la sociedad de su propiedad que estuvo cinco años sin pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid. Ninguno de esos datos es cierto: la empresa tenía actividad, no estaban subastados ni la empresa ni el local de oficinas que tenía en propiedad y a día de hoy Ayuso sigue teniendo el 50% de las acciones de Sismédica SL. El 30 de junio de 2014, dos años después de que según Ayuso heredase una empresa muerta, ella misma participó en la Junta Unive.

"Ibi es un pueblo de montaña muy pequeñito. La gente se dedicaba a la agricultura: había almendro y olivo. Pero no prosperaba, así que buscaron otras cosas. Muchos fueron a Madrid a trabajar en las fábricas de teja, en 1850 o por ahí. Se ve que conocieron gente de fuera, entre ellos a un italiano que sabía fabricar helados. Ese italiano enseñó a una persona de Ibi y cuando vino lo comentó con los paisanos. Lo de los pozos de nieve yo creo que es coincidencia.

Isabel Díaz Ayuso aparece como deudora de cinco años del IBI en cinco notificaciones publicadas en boletines oficiales. En dichas notificaciones se le reclama la deuda tributaria generada por un local de oficinas de 180 metros en Madrid. La candidata a la Presidencia de la CAM y su hermano “fueron los propietarios del inmueble entre abril de 2012 y octubre de 2017, periodo en el que se generó la deuda". A las preguntas de dicho medio sobre por qué no pagó el IBI y si piensa saldar su deuda con el Ayuntamiento, un portavoz..

El PSOE de Castilla y León da una semana al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) para dar de baja en el padrón a uno de los últimos vecinos inscritos, el senador por Castilla y León, Javier Maroto. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, ha adelantado a eldiario.es que si el Consistorio no inicia de oficio el expediente de inscripción indebida, el PSOE lo denunciará en vía administrativa.

El Ayuntamiento de València subirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que mantengan más de 10 viviendas vacías y fuera del mercado, una actuación que afectará fundamentalmente a bancos, fondos de inversión y grandes empresas. Esta es una de las medidas más novedosas incluidas en el llamado Acuerdo del Rialto, que han firmado este jueves en nombre de Compromís y PSPV-PSOE el alcalde de València, Joan Ribó, y la vicealcaldesa Sandra Gómez para gobernar la ciudad durante los próximos cuatro años.

Desde lo alto del castillo, el horizonte es una sucesión de naves pequeñas y medianas. En los cuatro pueblos que agrupa el valle que se abre a la vista —Ibi, Onil, Castalla y Tibi—, hay unas 1.000 empresas industriales en activo y algo más de 42.000 personas censadas. Es decir: una fábrica en funcionamiento por cada 42 habitantes. La Foia de Castalla, una subcomarca en el interior de Alicante, mantiene un tejido fabril sorprendentemente sano y vigoroso en un cuerpo moribundo.

El plan de lucha contra el fraude fiscal del Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lleva recaudados 69 millones desde 2016. El ejecutivo detectó en 2015 que la gestión tributaria se centraba en los pequeños contribuyentes, cuya recaudación está automatizada y las alarmas saltan al mínimo incumplimiento. Por ejemplo, cuando no se paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el de circulación. Desde 2016, la prioridad han sido los grandes contribuyentes: centros comerciales, empresas de suministros o constructoras.

Los ayuntamientos han recibido un nuevo varapalo judicial que afectará a sus arcas públicas. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia que permite a los contribuyentes impugnar el recibo del IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) o la liquidación de la plusvalía (impuesto sobre el incremento de los terrenos) si el valor catastral atribuido no es el correcto.