Se conoce como inquiokupación cuando una persona que tiene pensado usurpar una vivienda, firma un contrato de arrendamiento y, tras el primer o segundo mes, deja de pagar la renta, sin abandonar el inmueble en ningún momento, convirtiéndose así en okupa de la propiedad. Algunos de los perjudicados llevan cuatro años con sus viviendas okupadas de facto, sin que los tribunales desalojen a sus inquilinos. Ni siquiera figuran en las estadísticas de ocupación porque legalmente lo que sufren es un impago.

Su piso está vacío, pero Isabel no puede abrir la puerta para entrar en él porque su inquilino moroso, que le debe más de 6.000 euros, no le ha devuelto las llaves. Puede parecer una broma, pero la ley le impide recuperar su piso hasta que el inquilino haya firmado su renuncia o lo dictamine un juez. Y, de momento, ni el juez se ha pronunciado ni su inquilino da señales de vida: se ha marchado sin decir nada, dejando diez mensualidades de 600 euros sin pagar.

Si las CCAA concluyen que, unidas las circunstancias de pobreza de los afectados, a la capacidad de aguante económico del propietario, al hecho a que no hay ayudas disponibles para los inquilinos, pueden negarse a permitir la salida de ellos. Es más, la norma, en ningún momento señala que el propietario en estos casos tenga derecho a una indemnización pública.

Feijóo aboga por reducir el tiempo para "desocupar" una vivienda a 24 horas: "De entrada, hay que desalojarle de la vivienda y posteriormente, si cree que tiene algún derecho, que lo dilucide, pero la carga de la prueba se ha de invertir"

Para dar confianza a los arrendadores y disuadir a aquellos que no quieren pagar, se está apostando por la creación de un registro de morosos. Los administradores de fincas aseguran que esto fomentaría el abono puntual de los inquilinos y permitiría a los propietarios consultar si un inquilino tiene un historial deudor.

Idealista lanza su certificado de inquilino no moroso basado en los datos de diferentes bases de datos.

El Consejo de Ministros del martes aprobará un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb, conocida como el banco malo, para alquiler asequible. Pero ha recordado que sus inquilinos deberán convivir con el banquero malo. «Son banqueros malos, pero esto no quiere decir que sean malos compañeros de piso», argumenta el Gobierno, que se limita a ofrecer recomendaciones básicas a los futuros inquilinos, como por ejemplo «ponerle un candado a la nevera y controlar el dinero en efectivo».

Durante los últimos años la situación de la vivienda no ha dejado de empeorar en España, sobre todo en las grandes ciudades. Las personas que viven de alquiler no paran de ver como suben los precios y las tasas de emancipación se desploman entre la juventud. Por todo ello, han proliferado los sindicatos de inquilinos que buscan protegerse de los abusos de la especulación. Estos cada vez reciben más afiliados buscando ayuda. En Madrid, han decidido pasar a la ofensiva para cambiar la situación.

La resolución se conversó ayer en un almuerzo entre Alberto Fernández y Sergio Massa. La normativa, sancionada en junio de 2020, terminó siendo perjudicial para inquilinos y propietarios y afectó severamente al mercado inmobiliario

El recurso de los propietarios particulares a la necesidad de recuperar la vivienda para su uso por un familiar se dispara en el último año, coincidente con el tope del 2% a las actualizaciones de contrato. No se trata de casos aislados. Miles de caseros están buscando la forma de recuperar el control sobre sus casas ante el tope a las actualizaciones de contrato y la prórroga obligatoria por seis meses para los que venzan antes del 30 de junio fijadas por el Gobierno.

Tenía al menos 120 ejemplares entre emúes, agapornis, perros, gallinas, tortugas, palomas y pájaros. Una mujer que poseía al menos 120 animales de diferentes especies en el chalé en el que vivía con su pareja, en Cala en Porter, fue desahuciada el pasado viernes en cumplimiento de una sentencia judicial. El levantamiento se produjo después del proceso iniciado a raíz del impago de la renta mensual desde hace aproximadamente 20 meses.

El ex político del Partido Popular, Pedro Luis Calvo Poch, que dimitió de sus cargos políticos en el Ayuntamiento de Madrid tras ser imputado en el caso Madrid Arenas, se dedica ahora al cobro de morosos. Con este fin ha constituido ADJUDITIA INVESTMENT SERVICES SL, de la que es administrador único, cuyo objeto es la gestión, cobro y reclamación de créditos y deudas a terceros.

La renta media anual de los hogares que reciben ingresos por alquiler es de 46.725 € anuales, según datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida. La renta media anual de los hogares inquilinos es de 22.183 €, menos de la mitad. Los autores reconocen que los datos de esta encuesta no son perfectos... y que la desigualdad real podría ser mucho más acentuada. Con los datos disponibles, se concluye que los caseros son una minoría (3-9% hogares) relativamente acaudalada de la población y que la figura del 'casero vulnerable' es residual".

La morosidad de los préstamos concedidos por el total de entidades de crédito a empresas y particulares siguió su tendencia a la baja al situarse en diciembre en el 3,54%, por debajo del 3,68% de noviembre y el menor nivel desde diciembre de 2008, cuando se situó en el 3,37%. El dato de diciembre también implica un descenso de 75 puntos básicos respecto al nivel registrado en el mismo mes de 2021, del 4,29%, según se refleja en los datos provisionales del Banco de España.

Una sentencia emplaza al banco malo a llevar a cabo las reparaciones urgentes a las que le obligó el Ayuntamiento por el mal estado del bloque donde viven seis familias con rentas antiguas. A pesar de que el Ayuntamiento los instó en repetidas ocasiones a que acometiesen las reformas necesarias para evitar peligros, la Sareb se negó. Eso le valió multas trimestrales de entre mil y 10.000 euros desde entonces. Trató en varias ocasiones de declarar como ruinas cada uno de los edificios y pidió paralizaciones cautelares de los expedientes.

La Audiencia Nacional avala en una sentencia que una comunidad de vecinos en Ontinyent publique las deudas de una de las viviendas en el tablón del edificio y desestima una reclamación de protección de datos.

La usuaria de Twitter @andrealdana ha publicado en la red la situación que sufre después de que su casera le informase de la desproporcionada subida de alquiler (de 950 a 1.800 euros mensuales), además de amenazarla con perjudicar su condición legal, ya que todavía no está viviendo regularmente en España. Andrea Aldana es "latina", no tiene permiso de trabajo y lleva un año y medio a la espera de "protección internacional", una ayuda solicitada por aquellas personas que viven fuera de su país porque su vida en él corre peligro.

La inquilina de uno de los 13.000 inmuebles que Azora gestiona en España ha ganado la batalla al fondo de inversión en los tribunales. El juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona ha declarado nulas por considerarlas abusivas varias de las cláusulas que el grupo incorporó en los contratos de alquiler. Relacionada: www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/arranca-primer-juicio-fondo-buit

Cada vez hay más inquilinos que deben revisarse de nuevo el contrato con lupa, porque los propietarios los llaman para activar una cláusula que, cuando firmaron, no tenía importancia, porque no había inflación. Es la de la actualización del alquiler con el IPC. Aunque esta actualización en base al IPC está limitada al 2%, una medida que se alargará hasta el 31 de diciembre del próximo año, algunos propietarios se lo intentan saltar con subidas incluso del 10% . En algunos casos, para el aumento del precio se alega precisamente la cláusula del