La Fiscalía Europea ha citado a declarar mañana lunes al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, al que se investiga por el ‘caso Mascarillas’. A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros. La sanidad nunca recibió ese material

«¿Desde cuándo a un juez le traen el desayuno al despacho como si fuéramos señores feudales?, ¿o podemos decir lo que nos dé la gana sin fundamento como si no hubiera una revisión por parte de otro tribunal superior?», se pregunta el juez Taín. Echa de menos que no se haya reflexionado sobre el hecho de que se le haya truncado la vida a una niña de 12 años: «No se habla de que le han robado el futuro a una persona que le quedaba todo por delante, la adolescencia, la locura de la primera madurez, desarrollar sus capacidades profesionales..."

El juez del proceso penal al que se enfrenta el expresidente en Nueva York concluye que ha hecho varias declaraciones públicas en su red social y en la web de su campaña en las que carga contra los testigos que participan en el juicio

En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.

Después de que Ester Muñoz aclarara a la periodista que iba a hablar en todo momento en nombre del PP, Silvia Intxaurrondo le ha preguntado acerca de las acusaciones realizadas a varios familiares de Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados: "Ayer acusó, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del Gobierno". Todo ello para, a continuación, preguntarle acerca de las pruebas que tiene para lanzar ese tipo de acusaciones y sobre cuándo van a presentar una querella para denunciar este tipo de actos.

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.

Correos electrónicos en poder de un juez de Tarragona ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda trató con el exministro las opciones que podían ofrecer al juez Pablo Ruz sobre la posible imputación de un delito fiscal al PP. Estos ponen de manifiesto que la cúpula de la Agencia Tributaria trasladó al exministro de Hacienda las opciones que podían dar al juez sobre un posible delito fiscal del PP: "Ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez

El matrimonio formado por Ángeles Muñoz y el fallecido Lars Broberg contrató en 2010 un complejo producto financiero en el paraíso fiscal destinado a ahorrar en el Impuesto de Sociedades y en el de Sucesiones. La mansión de 12 millones de € que encabeza el amplio patrimonio inmobiliario de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, quedó el pasado noviembre libre de cargas. La regidora canceló la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo, según la información del Registro de la Propiedad.

El banquillo en el juicio del 'caso Erial' reúne a una variopinta colección de acusados que pivotan alrededor del exministro de PP Eduardo Zaplana. Entre ellos, el que fuera su peluquero, P.R.A. El hombre, que también fue estilista del expresidente José María Aznar e incluso asistió a la boda de su hija, explicó durante su declaración de este miércoles que conoció a Zaplana en uno de los cinco salones de peluquería que posee.

Después de que el PSOE aprobaran la lista de 134 personas que tendrán que comparecer, ahora los socialistas hacen marcha atrás y quieren eliminar los nombres de tres fiscales que se incluyeron a petición de Junts y Bildu. Se trata del fiscal de la Fiscalía Europea que está investigando las presuntas irregularidades en las Baleares y en las Canarias, una comparecencia que pedían los juntaires, el fiscal jefa Anticorrupción de España y de la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, dos citas que ponían sobre la mesa a los abertzales. Los socialistas e

Un edificio denunciado desde 1998, declarado ilegal por sentencia firme en 2009, con auto judicial ordenando la ejecución de sentencia en 2017 y con orden de demolición desde 2020, es protagonista de un inusitado cruce de pareceres: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide que se cumpla la demolición que dictó, el ayuntamiento dice que no puede, y la Fiscalía ha acabado dando carpetazo a una investigación a la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) por desobediencia, porque no cree que esté ignorando deliberadamente las resoluciones judiciales.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

Una trama de corrupción de mascarillas señala al que fue ministro de Transportes durante la pandemia, Jose Luis Ábalos, y a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el peor momento: Pedro Sánchez lidia con este caso a la vez que trata de salvar la legislatura con los independentistas y la ley de amnistía

Reclamará durante el juicio oral por la caja b del PP de Madrid que tanto Esperanza Aguirre como el también expresidente madrileño, Ignacio González, sean considerados partícipes a título lucrativo y abonen 26.000 y 28.293 euros, respectivamente, por recibir trabajos reputacionales personales en redes, abonados por el partido con supuesto dinero ilícito.